Luego de una larga lucha en los tribunales, la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, logró que el Consejo de Estado les diera la razón y decidiera, de fondo, la anulación de la licencia que entregó al Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a Ecopetrol para el desarrollo del proyecto Magallanes.
Según los demandantes del pueblo A´wa, la licencia ambiental no solo fue entregada a espaldas de los habitantes de la zona, sin consulta previa; además, nunca se tuvo en cuenta el carácter sagrado de los cuerpos de agua como el río Cobugón y la quebrada La China.
Con estos argumentos, señala el Consejo de Estado en su decisión que “la Sala encuentra probado el primer cargo de violación, esto es, que el acto acusado desconoció las normas, por cuanto para la expedición de la licencia ambiental del proyecto APE Magallanes no se tuvo en cuenta la afectación directa de la comunidad U´wa, más allá de la delimitación de un área de influencia, sin considerar los impactos que el desarrollo del proyecto implicó para sus estructuras sociales y culturales".
Para el Consejo de Estado, la Anla, y por esa vía Ecopetrol, desconocieron la afectación directa en factores como la dimensión espiritual y cultural del pueblo A´wa.
“En el estudio de impacto ambiental no solo desconoció un factor técnico de delimitación territorial, sino que invisibilizó la afectación directa en la dimensión espiritual y cultural y ocupacional del pueblo U’wa, afectando el derecho fundamental a la consulta previa y el deber de protección reforzada que el Estado debe garantizar a las comunidades indígenas", se lee en la decisión que tomó el Consejo de Estado.
Y es que ese era justamente uno de los argumentos centrales de la demanda: que el proyecto ponía en riesgo su supervivencia física y cultural, especialmente en un contexto de vulnerabilidad por el conflicto armado, y que los estudios de impacto ambiental ignoraron por completo su cosmovisión y el uso ancestral de la tierra.
Pese a que la decisión en nueva, este proyecto ya había sido dejado lado por Ecopetrol, justamente respetando los criterios de la comunidad.
“El proyecto queda en el límite entre Norte de Santander y Boyacá, en la misma región donde está la planta de gas de Gibraltar. Ese proyecto se había descartado por todas las dificultades con las comunidades indígenas”, informaron desde la estatal petrolera.
