Mantener las reglas del juego, el principal pedido para que avancen las obras civiles en Colombia

Grandes proyectos como la primera línea del Metro de Bogotá, el tren ligero de Medellín, la reactivación del transporte férreo y la mejora de la conectividad vial (Vías 4G y 5G), fluvial y aérea ponen a Colombia como referente latinoamericano. Sin embargo, el mayor reto en infraestructura se centra en mantener la confianza inversionista y la seguridad jurídica.

En una mirada a los avances en obras de la agenda del actual gobierno, los expertos hablan de aciertos, alertas y retos en este sector clave para el desarrollo del país. Y aunque para algunos no pasa por su mejor momento, otros ven que Colombia sigue siendo atractiva al contar con un marco regulatorio robusto y un esquema contractual sólido.

Para Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas, la agenda en infraestructura del actual gobierno ha estado enfocada en la reactivación del transporte férreo, la mejora de la conectividad vial y fluvial, la expansión de la estructura educativa y de salud, así como la promoción de energías limpias. “En el desarrollo de esta agenda, aunque no ha sido el esperado, los principales logros para destacar incluyen la adjudicación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, la elaboración de estudios de prefactibilidad para el tren Bogotá-Corredor Férreo Central, el Corredor del Pacífico, el Tren del Catatumbo y el Corredor Andes Orinoquia”.

La implementación de mecanismos de vinculación de capital privado a otros sectores de la infraestructura diferentes de la vial o la aeroportuaria como la adjudicación del proyecto de Dorada–Chiriguaná bajo el mecanismo APP, así como el avance en las estructuraciones en infraestructura social (hospitales, colegios y multicampus, entre otros) muestra la versatilidad de estos mecanismos y su abanico de posibilidades para el desarrollo del país. Así lo ven Carlos Umaña y Mario Forero, socio y director, respectivamente, del área de Infraestructura de Brigard Urrutia.

Jorge Di Terlizzi y Carlos Padilla, socios del área de infraestructura de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) destacan los pasos dados en el sector aéreo, en el que se han fortalecido las concesiones aeroportuarias existentes de las grandes capitales y de ciudades intermedias, para atender la creciente demanda que registra el sector aeroportuario a partir de la normalización del flujo de pasajeros posterior a la pandemia. “Aeropuertos como El Dorado de Bogotá, los de Rionegro, Cali, Santa Marta y Pereira son ejemplo de modernización y expansión permanente”.

Sin embargo, los abogados de PPU consideran que este sector tiene retos importantes: “Lograr en el corto plazo la adjudicación de concesiones de iniciativa privada (IP) como EDMAX, que es el proyecto para la expansión del aeropuerto El Dorado de Bogotá; IP Bayunca, que es el nuevo aeropuerto en Cartagena, y la IP del aeropuerto de San Andrés, cuya remodelación y expansión beneficiaría al sector turístico del país”.

Grandes retos

Ofrecer seguridad jurídica y confianza inversionista son los grandes retos para Cristina Vásquez, socia de infraestructura de Posse Herrera Ruiz. “Para este sector es vital que los inversionistas tengan tranquilidad sobre el no cambio en las reglas de juego. El Gobierno no puede pretender reglamentar materias que no se encuentren incluidas en la ley, ni invalidar contratos legalmente celebrados de manera unilateral”.

Insiste en el respaldo a los privados en la gestión social, trámite de los permisos ambientales y en la gestión predial: “Que siempre exista una coordinación interinstitucional entre las distintas entidades que participan en la ejecución del proyecto para lograr la exitosa culminación del mismo”.

Para Pablo Jaramillo, socio en Dentons Cárdenas & Cárdenas, uno de los principales desafíos es garantizar seguridad jurídica durante toda la vida de los contratos, especialmente en el manejo de controversias, cumplimiento de condiciones y ejecución presupuestal. “Es clave revisar y fortalecer el marco normativo aplicable a las asociaciones público-privadas, pero enfocadas en cada sector en particular”, señala.

Considera que, en cuanto a inversión, “hay apetito privado y bancabilidad, si las reglas del juego se mantienen estables. Sin embargo, persisten señales de alerta: la judicialización creciente, los ruidos políticos frente a proyectos en ejecución y la incertidumbre en los mecanismos de retribución afectan la percepción de riesgo. Es urgente blindar institucionalmente el pipeline de proyectos, acelerar la ‘permisología’ y que el Estado actúe como un aliado estratégico de los privados”.

Desde Holland & Knight, su socio Juan Casallas resume en tres aspectos los retos de la infraestructura: la dificultad creciente de obtener las habilitaciones ambientales, la denominada licencia social y los cambios regulatorios sobrevinientes. Hace énfasis en que se está en mora de tener una ley estatutaria en materia de consulta previa; se debe ser mucho más rigurosos al momento de definir los bienes jurídicos ambientales objeto de especial protección y la política pública en materia de desarrollo sostenible; asimismo, que se deben seguir estimulando los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

Para María Montejo, Líder de la práctica de Infraestructura y Derecho Público en Baker McKenzie, “el sector de infraestructura perdió relevancia dentro de la política pública impulsada por el Gobierno, lo cual genera una sensación de falta de apoyo generalizada para las empresas dedicadas a este sector. Esto representa un decrecimiento de una actividad que afecta directamente la generación de empleo. El reto de los empresarios del sector es, por tanto, continuar trabajando en un ambiente políticamente adverso, anticipando y protegiendo sus inversiones”.

Ha nacido una alerta por el nuevo proyecto de decreto sobre vigencias futuras que amenaza la viabilidad de proyectos 4G y 5G. Al respecto, Quinche, de Cuatrecasas, asegura que “es un ejemplo de cambio en las reglas del juego que pone en peligro la confianza inversionista. El proyecto le permitirá al Gobierno cumplir sus advertencias de ‘echar mano’ de las vigencias futuras para las 4G y 5G. Se trata de un fast track que permitiría redistribuir los compromisos que ha asumido el Estado en los más importantes proyectos del sector para liberar recursos y asignarlos a otros que califica como ‘prioritarios’, pero que son un completo secreto para los ciudadanos hasta el momento”.

Según Quinche, además de poner en riesgo la bancabilidad de los proyectos de infraestructura en Colombia, el proyecto de decreto deja preguntas sin responder: “¿Con qué criterios, sin ser el juez de los respectivos contratos, el Gobierno determinará el estado de cumplimiento y ejecución de un contrato con miras a ‘castigarlo’ con una reprogramación y asignar recursos a otros proyectos? Aún más importante: una vez reprogramados los recursos y dada la situación fiscal del país, ¿de dónde vendrá el dinero para cumplir con dichas reprogramaciones?”.