Durante la tarde de este 6 de julio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden para proteger los derechos de los consumidores que adquirieron inmuebles en un conjunto residencial en Villavicencio, Meta, desarrollado por la constructora Amarilo S. A. S.
La orden tiene como objetivo prevenir posibles afectaciones a los consumidores derivadas de presuntas deficiencias constructivas identificadas en el proyecto inmobiliario Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca PH, ubicado en Villavicencio, Meta.
“La decisión fue adoptada luego de que se adelantara una averiguación preliminar por una denuncia en donde se refería a presuntos daños estructurales y deterioros generalizados en diferentes componentes de las edificaciones que conforman el proyecto residencial”, precisó el organismo.
La investigación de la SIC recopiló información documental, requirió información técnica a la constructora, analizó planos arquitectónicos y memorias de cálculo del proyecto, evaluó un informe técnico aportado por los denunciantes y realizó una visita de inspección administrativa al conjunto residencial, durante la cual recaudó registros fotográficos y declaraciones de representantes de la copropiedad, propietarios y personal vinculado a la interventoría del proyecto.
De otro lado, la autoridad identificó algunas situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, particularmente en relación con la seguridad de los inmuebles entregados a los propietarios y que, por lo tanto, podrían derivar en riesgos para la salud y la integridad de los residentes y de la comunidad en general.
La SIC pidió que, entre los 5 y 20 días hábiles siguientes a dicha comunicación, la constructora adopte las siguientes medidas.
Lo primero es realizar una evaluación técnica y patológica integral del estado actual del conjunto residencial. Luego deberá elaborar un plan de trabajo derivado de los resultados de la evaluación técnica, que incluya un cronograma detallado de las acciones correctivas por ejecutar, los tiempos estimados de reparación y la identificación de las intervenciones que serán asumidas por la constructora, junto con su respectiva justificación.
De otro lado, deberá adoptar inmediatamente las medidas preventivas de seguridad, señalización y aislamiento para mitigar cualquier riesgo inminente que pueda afectar la vida, la salud o la seguridad de consumidores y transeúntes.
“Deben informar a la SIC los resultados de la evaluación técnica, el plan de trabajo y las respuestas otorgadas a las PQR presentadas por la administración de la copropiedad desde el año 2024. También informar a la administración del conjunto los informes y resultados de las visitas técnicas realizadas a la copropiedad desde enero de 2025, así como las pólizas de estabilidad de la obra vigentes”, agregó.