El mercado laboral colombiano entra en 2026 marcado por una doble presión regulatoria y económica. Por un lado, el Gobierno nacional decretó el salario mínimo legal mensual en $1.746.882 pesos, lo que representa un incremento cercano al 23 % frente a 2025, y que puede elevar el ingreso total de los trabajadores hasta alrededor de $2 millones de pesos mensuales al incluir el auxilio de transporte.
Por otro, avanza la implementación progresiva de la nueva reforma laboral, que redefine reglas clave de contratación y costos asociados al empleo formal.
La decisión sobre el salario mínimo, adoptada tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación entre empleadores y centrales obreras, se convirtió en una de las principales noticias económicas de cierre de año. Su impacto va más allá del ingreso base de los trabajadores, pues incide directamente en recargos, prestaciones sociales, aportes parafiscales y otros beneficios indexados al salario mínimo, con efectos directos sobre la estructura de costos de las empresas.
“En un escenario donde se materializa un incremento salarial de esta magnitud, las empresas se ven obligadas a revisar su estructura de costos y su capacidad de mantener el nivel actual de contratación. Este proceso, dependiendo del sector y del tamaño de la compañía, puede llevar a reorganizaciones internas o incluso a ajustes en el número de empleados”, señala Felipe Ángel, Chief Financial Officer de Gallagher Colombia.
Reforma laboral
Según los expertos, el panorama se complica con la entrada en vigencia de la reforma laboral, que introduce cambios estructurales en la forma en que las empresas contratan, gestionan y desvinculan talento.
Entre los ajustes más relevantes está la primacía del contrato a término indefinido como regla general, la limitación de los contratos a término fijo a un máximo de cuatro años, incluidas sus prórrogas, y la obligación de formalizar por escrito los contratos por obra o labor, que de usarse de manera inadecuada se entenderán como indefinidos.
La reforma también redefine el rol de las Empresas de Servicios Temporales, establece sanciones claras en caso de incumplimiento y fortalece el pago del recargo dominical, que alcanzará el 100 % de manera gradual hasta 2027.
“La reforma busca proteger al trabajador, pero también implica que muchas empresas deberán reestructurar sus esquemas laborales. Esto, inevitablemente, puede conllevar decisiones de desvinculación”, explica Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight.
A estos cambios se suman nuevas exigencias como la contratación progresiva de personas con discapacidad según el tamaño de la empresa, ajustes en las modalidades de trabajo remoto y la inclusión explícita del teletrabajo transnacional, lo que obliga a las organizaciones a revisar sus modelos de gestión del talento y cumplimiento normativo.
Un entorno de mayor riesgo de transición laboral La combinación de un salario mínimo con un incremento significativo y la implementación de la reforma laboral configura un entorno en el que las transiciones laborales podrían volverse más frecuentes. Empresas con estructuras de costos sensibles, sectores con alta rotación y organizaciones en procesos de ajuste operativo podrían enfrentar mayores riesgos de reestructuración.