Las solicitudes de insolvencia de personas naturales registraron un fuerte aumento en Colombia durante los últimos años. Mientras en el gobierno de Iván Duque se contabilizaron 11.387 trámites, durante la administración de Gustavo Petro la cifra llegó a 53.920, un incremento de un 374 %, según un informe elaborado por Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera.
El estudio atribuye el aumento a factores como la inflación, la pérdida de empleo formal y el crecimiento de la informalidad laboral. De acuerdo con la información recopilada por las firmas, cerca del 45 % de las personas que acuden a un proceso de insolvencia identifica la falta de empleo como la principal causa de sus dificultades financieras.
El informe señala, además, que la tasa de informalidad pasó de un 48,4 % de los ocupados en 2021 a un 54,5 % en 2025. Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, aseguró que durante el gobierno Petro más de un millón de personas ingresaron a la informalidad y sostuvo que ese deterioro de las condiciones laborales aumentó la presión sobre la capacidad de pago de los hogares.
Por regiones, los mayores incrementos en los trámites se presentaron en Caquetá, con un 13.000 %; Tolima, con un 1.908 %, y Nariño, con un 840 %. El documento señala que estos departamentos también registraron una mayor presencia de actores armados ilegales, aunque no establece una relación causal entre ambos fenómenos.
Otro factor mencionado es el aumento de centros de conciliación y de asesores que, según el informe, estarían promoviendo procedimientos fraudulentos. El documento indica que esta situación ha sido advertida por Asobancaria.
La tendencia continúa en 2026. Entre enero y agosto se registraron 16.896 nuevas solicitudes de insolvencia de persona natural. Las firmas habían proyectado inicialmente entre 22.000 y 25.000 casos para todo el año, aunque consideran que esa cifra podría ser superada.
A partir de una muestra de sus propios clientes atendidos durante los últimos ocho años, las compañías señalan que durante la administración Petro los procesos se concentraron principalmente en personas de los estratos 4, 5 y 1. En este último grupo, los casos habrían aumentado más de un 400 %.
Para 2027, el informe prevé una moderación en el número de solicitudes, asociada a una eventual mejora de las condiciones económicas, una mayor inversión privada y controles más estrictos sobre los centros de conciliación.
Como se mencionó, Asobancaria ha denunciado el mal uso que se le da a la insolvencia de personas naturales e incluso habló de un “cartel de la insolvencia” en abril de 2026. El término no corresponde a una figura jurídica ni significa que todos los procesos de insolvencia sean irregulares; es la forma que utilizó el gremio financiero para describir una supuesta red coordinada de abogados, asesores, centros de conciliación y terceros que estaría manipulando algunos trámites.