Lo que viene de acá en adelante, una vez esté radicada la ponencia para debate y votación en el Congreso de la República, es una lluvia de ideas y, seguramente, argumentos -unos a favor y otros en contra- de las estrategias planteadas por el Gobierno en la Ley de Rescate Económico, tanto para recortar gastos como para conseguir ingresos vía impuestos y reducción de beneficios tributarios.
En ese contexto, el presidente del Instituto Nacional de Derecho Tributario, José Andrés Romero, envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella en la que hace un paquete de propuestas que, según manifestaron, las han trabajado desde hace seis meses, partiendo de que desde ese entonces se hablaba de la crisis fiscal que tendría que enfrentar Colombia.
La estrategia se basa en un diagnóstico alrededor del IVA y el gasto tributario que conlleva. Tanto así que casi la totalidad de los beneficios que se aplican en el país, que son de $153 billones, contando IVA y Renta, 100 billones corresponden a exenciones, exclusiones y tarifas preferenciales del Impuesto al Valor Agregado.
La devolución del gravamen a la población vulnerable, una vez se cobre a una tarifa generalizada del 19 %, ha sido uno de los puntos polémicos, pues si bien el gobierno habla de 19 millones de colombianos, hay opiniones que se enfocan en la dificultad existente para puntos de venta como las tiendas de barrio, ya que las herramientas para la compensación se harían a partir de la facturación electrónica.
La propuesta
La propuesta de Romero apunta a buscar los caminos para que cualquier ampliación de la base del IVA esté acompañada de un mecanismo efectivo para mitigar su efecto regresivo sobre hogares de menores ingresos.
Así, el directivo propone que se utilice un mecanismo en el punto de compra, lo que implicaría que “en vez de hacer pagar el impuesto para luego tramitar una devolución posterior o un subsidio, se implemente una exención o devolución instantánea del IVA al momento de la compra para los hogares de menores recursos”. Ello, tomando como referente la experiencia de Uruguay, señaló el presidente del instituto.
A juicio del vocero del organismo técnico, ese beneficio directo protege de forma inmediata el ingreso disponible del hogar y reduce los trámites administrativos de reintegro.
El reto sería que la medida necesitaría identificación confiable de beneficiarios, trazabilidad, prevención de fraudes y soluciones de pago para zonas con dificultades de conectividad.
Además, también está el desafío tecnológico, por lo que Romero sugiere aprovechar el camino recorrido ya con la facturación electrónica, que constituye una base importante para plantear la implementación gradual, “con pruebas piloto, interoperabilidad con los registros de beneficiarios y evaluación de resultados antes de su expansión”.
Como el país tiene ciertas restricciones para hacer nuevas inversiones, en particular, las tecnológicas, la idea es usar el Fondo Dian, que fue creado en 2020, de manera que se pueda establecer qué saldos tiene disponible, que podrían financiar los desarrollos tecnológicos prioritarios.
