El próximo gobierno recibirá un sistema de salud en medio de una crisis asistencial, financiera y de confianza, advirtió Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio que reúne a las EPS. Para la dirigente, las principales afectadas con esta situación son las familias colombianas, especialmente las más vulnerables, que en el último año presentaron más de dos millones de quejas y reclamos por demoras en citas médicas, entrega de medicamentos y cirugías pendientes.
Vesga sostiene que el deterioro de la atención explica por qué la salud aparece hoy como una de las mayores preocupaciones ciudadanas. “La vida de los colombianos no da espera”, señala, al advertir que el próximo gobierno deberá actuar con urgencia para garantizar tratamientos y resolver los problemas de acceso.
Para Acemi, una de las mayores dificultades de los últimos cuatro años fue la politización del sistema. Según Vesga, la salud requiere decisiones técnicas, basadas en evidencia científica, pero el debate reciente estuvo marcado por la descalificación de pacientes, médicos y empresas que hacen parte de la cadena del sector.
La dirigente asegura que el empeño del Gobierno en reformar todo el sistema terminó desplazando asuntos urgentes como la atención primaria, la financiación, la sostenibilidad, el fortalecimiento territorial y la modernización del aseguramiento. Este último, dice, debe adaptarse a una población más envejecida, con rezagos de la pandemia y con crecientes problemas de salud mental.
Antes de cualquier reforma estructural, Acemi plantea estabilizar la operación del sistema. La prioridad, según Vesga, debe ser descongestionar la atención de pacientes oncológicos, crónicos y con enfermedades raras, así como monitorear diariamente la entrega de medicamentos. Para ello propone equipos coordinados entre aseguradores, prestadores y entidades territoriales.
Otro punto central es la actualización de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. El gremio insiste en una reingeniería de esta prima de riesgo para que su cálculo no dependa solo de edad, sexo, municipio y régimen, sino también de variables como tipo de enfermedad, exposición a riesgos, siniestralidad real e inflación observada.
Acemi también pide poner al día las cuentas del sistema. Vesga propone conciliar deudas con clínicas, proveedores y profesionales de la salud, y establecer un plan de pago a cuatro años: 40 por ciento en el primero, 30 por ciento en el segundo, 20 por ciento en el tercero y 10 por ciento al cierre del periodo presidencial.
El gremio considera urgente definir el futuro de las EPS intervenidas, que atienden a 18 millones de colombianos. Las entidades viables deberían ser devueltas bajo condiciones de habilitación, mientras las inviables tendrían que liquidarse con traslados ordenados para no afectar a los pacientes.
Vesga insistió en que el principal foco del próximo gobierno debe ser proteger a los pacientes con mayor riesgo y reducir la incertidumbre de miles de familias. Para lograrlo, se necesita una convocatoria amplia a pacientes, talento humano, EPS, clínicas, hospitales, industria, academia y Estado, coordinados alrededor de soluciones urgentes.
“La primera tarea debe ser identificar y hacer seguimiento a los pacientes más críticos durante los primeros 90 días. Esto implica contar con datos en tiempo real sobre medicamentos, tratamientos y continuidad de atención. A esta estrategia la llamamos Punta-Pirámide y debe ser la base de un PMU en salud para Colombia”, precisó.