Tal como muchos expertos pronosticaban, la esperada Ley de Rescate Económico fue radicada en el Congreso con un amplio paquete de propuestas, que no solo incluyen un fuerte recorte del gasto, sino también cambios en el sistema impositivo e incentivos para los colombianos de menores recursos y algunos empresarios.
En 106 artículos se hacen una serie de propuestas para estabilizar las finanzas públicas y generar crecimiento económico. Estos son los 10 cambios más profundos que propone el proyecto de ley:
1. Modificar el IVA sobre bienes y servicios
El artículo 42 del proyecto propone eliminar la exclusión del IVA para varios productos que hoy no pagan este impuesto, entre ellos computadores, celulares, tabletas, bicicletas y algunos insumos agropecuarios. Los productos que desaparecen de esa lista quedarían, por regla general, sujetos al IVA del 19 %, salvo que otra disposición les reconozca un tratamiento especial.
Lo mismo ocurriría con servicios como internet residencial de estrato 3, determinados servicios de telefonía, computación en la nube, alojamiento web, licencias de software y entradas a espectáculos culturales y deportivos. La iniciativa mantiene excluidos servicios esenciales como salud, educación, transporte público, arrendamiento de vivienda y servicios públicos domiciliarios.
El proyecto también conserva la exención para buena parte de los alimentos básicos. Algunos expertos prendieron las alertas sobre el café, pero el aumento del IVA afectaría al grano sin tostar, no al café tostado o molido que normalmente compran los consumidores. Además, se busca aumentar del 5 % al 19 % el IVA de los vehículos híbridos y eléctricos.
Todos los cambios en el impuesto al valor agregado entrarían en vigor a partir del primero de enero de 2028.
2. Devolver el IVA a hogares vulnerables
El proyecto crea un mecanismo denominado Devolución EfectIVA, dirigido a personas en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Establece devoluciones sobre el IVA pagado en adquisiciones de bienes y servicios, bajo criterios de identificación y focalización.
Entre sus elementos están la diferenciación según las condiciones socioeconómicas, mecanismos de reconocimiento y pago y disposiciones contra solicitudes indebidas. Se beneficiarían 19 millones de colombianos.
3. Cambiar aportes parafiscales y de salud
La iniciativa modifica las obligaciones de aportes para determinados empleadores y trabajadores. El artículo 20 contempla exoneraciones de aportes parafiscales al Sena, al ICBF y de determinadas cotizaciones de salud respecto de trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos.
El artículo 21 modifica las cotizaciones al régimen contributivo de salud, con tarifas diferenciadas según el ingreso de los trabajadores y los cotizantes. El cambio es considerable: actualmente, un asalariado aporta el 4 % de su sueldo a salud, independientemente de cuánto gane. La propuesta establece tarifas entre el 4 % y el 8 %.
Además, el proyecto contempla otra modificación: las cotizaciones a cargo de los empleadores tendrían tarifas entre el 12,5 % y el 15,5 %, frente al 8,5 % general vigente, aunque hay algunas exoneraciones.
4. Reformar el impuesto de renta de las personas naturales
La propuesta aumentaría el impuesto de renta principalmente a las personas con una renta líquida gravable superior a 720 UVT anuales (hoy 37,7 millones de pesos anuales, es decir, unos 3,1 millones mensuales), frente al umbral actual de 1.090 UVT (hoy 57 millones anuales o 4,7 millones mensuales).
También pagarían más los contribuyentes de ingresos medios y altos, debido a los cambios en las tarifas marginales, que llegarían al 39 % desde las 8.670 UVT, cuando actualmente ese porcentaje se aplica a partir de 31.000 UVT.
De la misma manera, se plantea reducir el beneficio tributario que permite a los trabajadores declarar como exento el 25 % de sus ingresos laborales, después de aplicar los descuentos previstos en la ley. Aunque se mantiene ese porcentaje, se disminuye el límite máximo anual de 790 a 630 UVT, equivalentes a 41,4 millones y 33 millones de pesos, respectivamente, con los valores de 2026.
5. Reducir la tarifa de renta de ciertas empresas
Se establece una reducción de la tarifa general del impuesto de renta para personas jurídicas, con excepciones y tratamientos particulares. La tarifa propuesta bajaría del 35 % vigente a un 33 % para el año gravable 2027 y a un 31 % desde 2028.
Sin embargo, el beneficio no sería uniforme para todos los sectores. Las instituciones financieras, aseguradoras, reaseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa y determinados operadores de los mercados de valores y productos agropecuarios tendrían una sobretasa que elevaría su tributación al 38 % en 2027 y al 36 % entre 2028 y 2030.
6. Replantear el impuesto al patrimonio
Se busca cambiar ese impuesto a partir de 2027, mediante una nueva tabla de tarifas progresivas. Actualmente, el impuesto se causa desde 72.000 UVT (unos 3.771 millones de pesos), pero el proyecto lo eleva a 95.500 UVT (unos 5.002 millones).
Así, los patrimonios gravables de hasta 95.500 UVT tendrían una tarifa de 0 %, mientras que aquellos entre 95.500 y 145.500 UVT (entre 5.001,7 millones y 7.620,4 millones) pagarían una tarifa marginal del 0,5 %. Para los patrimonios superiores a 7.620,4 millones, la tarifa marginal sería del 1 %.
Se plantea que este impuesto esté vigente únicamente para los años gravables 2027, 2028, 2029 y 2030; hoy es de carácter permanente.
7. Bajar el gasto público y la burocracia
Para bajar los gastos de funcionamiento del Estado se plantean medidas como aplazar o recortar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación; autorizar fusiones, supresiones y reestructuraciones de entidades públicas; reducir los gastos en publicidad oficial, viajes, vehículos y funcionamiento; mermar la contratación de servicios personales y de apoyo a la gestión y establecer una reducción gradual de los gastos de personal, con una meta del 20 % para 2030, excluyendo a los integrantes de la fuerza pública.
Para ejecutar estos cambios, el artículo 7 concede facultades extraordinarias al presidente para reorganizar entidades nacionales. Asimismo, las entidades que dependen del Presupuesto General de la Nación deberán reducir en 50 % anual los costos derivados de la contratación por prestación de servicios en 2027.
8. Crear incentivos para grandes inversiones
Se crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), dirigido a nuevos proyectos de inversión que cumplan requisitos de monto, actividad económica y ejecución.
Los incentivos propuestos incluyen tratamientos especiales en el impuesto de renta, beneficios tributarios sobre dividendos y depreciación, reglas de estabilidad jurídica para proyectos calificados y condiciones de permanencia e inversión comprometida.
Se establecen umbrales diferentes de inversión. Así, para infraestructura, energía y recursos naturales, lo mínimo son 8.140.000 UVT (hoy 426.324 millones de pesos). Para industria y economía digital, 5.530.000 UVT (289.628 millones de pesos); y agroindustria, turismo, servicios y otras actividades, 2.580.000 UVT (135.125 millones de pesos).
9. Aumentar impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas
El artículo 28 propone aumentar el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y bebidas similares, mediante una tarifa de 750 pesos por cada grado de alcohol en una presentación de 750 mililitros (hoy ese cobro es de 360 pesos) y un gravamen adicional del 35 % (actualmente en 20 %) sobre el precio de venta al público antes de impuestos.
El proyecto también contempla la actualización anual de la tarifa específica según la inflación y destina los ingresos adicionales al financiamiento del aseguramiento en salud.
Igualmente, propone aumentar el impuesto al consumo de cigarrillos a 7.823 pesos por cajetilla de 20 unidades en 2027 y a 11.200 pesos desde 2028. También establece un componente adicional del 10 % sobre el precio de venta y mayores gravámenes para vapeadores y productos similares.
10. Reforzar los controles tributarios y aduaneros
Fortalecer los controles contra la evasión tributaria, el contrabando y la informalidad es otro de los ejes del proyecto. Para esto se propone crear un Plan Nacional de Lucha contra la Evasión y el Contrabando, mayor intercambio de información entre entidades y nuevas herramientas tecnológicas de fiscalización.
También contempla controles más estrictos a la facturación electrónica, sanciones por no expedir facturas o hacerlo de manera irregular y el cierre temporal de establecimientos reincidentes. Además, establece incentivos para que los consumidores exijan facturas electrónicas y mecanismos de seguimiento para evaluar los resultados de la Dian en materia de recaudo.