El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había dicho ante las comisiones económicas del Congreso de la República que trataría de presentarlo el 26 de agosto, pese a que tiene plazo hasta el 30 de este mes, luego de que el Legislativo devolviera la carta financiera que había radicado el gobierno saliente, por 575,6 billones de pesos.
No obstante, aunque fuentes cercanas al proceso confirmaron que están haciendo lo posible por destapar el nuevo proyecto de ley, con los ajustes, lo antes posible, no hay aún certeza de la fecha exacta. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, tendrá grandes cambios, en línea con la apuesta de la administración de Abelardo De La Espriella, de recortar gasto en vez de pedir más o nuevos impuestos.
La ocurrencia de un terremoto, que ahora demanda inversiones frescas, es lo que más genera expectativa, porque si se recorta gasto, podría necesitarse en otro frente, aunque algunos expertos han sugerido que se manejen cuentas distintas, si lo que se quiere es convencer al mercado de que habrá un mejor manejo de las finanzas públicas.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana pasó revista y recordó las veces que ha insistido en que recortar el gasto público es una tarea urgente y pendiente desde la pandemia.
“En medio de los ajustes fiscales que ha tenido que hacer el país, la inversión ha sido, con frecuencia, uno de los rubros más castigados, mientras otros componentes del gasto han mostrado una menor capacidad de ajuste”, señala el organismo en un informe.
En el documento se menciona que, en los cuatro años del gobierno anterior “se insistió reiteradamente en las dificultades para contener el gasto público”. Pero no hubo oídos. En consecuencia, hasta el último proyecto de Presupuesto General, que por norma fue presentado por la administración saliente, si bien planteó una reducción significativa del gasto y, a diferencia de episodios anteriores, buena parte del ajuste se concentró en funcionamiento, no sería suficiente.