Desde hace varios años se viene proponiendo en el país un cambio en el esquema que rige los aumentos de precios para temas como los arriendos, los peajes, las tarifas educativas, los servicios públicos y hasta los trámites notariales, entre otros; con el fin de evitar aumentos exagerados cada que comienza un año nuevo y de esta forma darle tranquilidad a la economía de miles de hogares.
Esto se hace por medio de la indexación o desindexación de estos cobros a factores como el salario mínimo o el Índice de Precios al Consumidor. En este último caso se mide por medio de las Unidades de Valor Tributario, que son fijas y únicamente varían conforme a como sube o baja el costo de vida en todo el territorio nacional.
Estos índices se calculan con base en los cambios en varios de los componentes de la tarifa de servicios, como el IPC y el IPP (Índice de Precios al Productor) como indexadores de los servicios públicos. Históricamente, el IPP no había sido superior al IPC, sin embargo, desde que comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia, esta tendencia se revirtió.
Antes de esto, gran parte de estos rubros se calculaban con base en el salario mínimo vigente de cada año, razón por la cual en ocasiones superaban la inflación, haciendo que las personas terminarán pagando más de lo que realmente subían los precios en Colombia, agregando presiones futuras al costo de vida.
Ahora bien, pese a que esto suena positivo, la reciente escalada de la inflación ha puesto contra las cuerdas a las autoridades económicas, que proyectan desde ya con preocupación una subida bastante brusca y, como consecuencia de esto, un nuevo apretón en el bolsillo de las personas. Es por esto que el Gobierno nacional viene tomando cartas en el asunto para contrarrestar esta problemática.
Mediante una circular del 5 de diciembre de este año, los ministerios de Educación, Transporte, Salud, Trabajo, Comercio, Agricultura y Vivienda, fueron requeridos por la cartera de Hacienda para acelerar los nuevos cambios que requiere esta metodología, especialmente frente a “cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas”, para que dejen de calcularse con base en el precio del salario mínimo legal vigente y pasen a ser medidos tomando las UVT como referentes.
“El propósito de este artículo es garantizar que el crecimiento anual de cada uno de estos valores no supere la inflación, pues precisamente la Unidad de Valor Tributaria se ajusta anualmente de conformidad con el crecimiento del IPC. A la fecha, el avance en la aplicación de este artículo es parcial”, dice la circular.
Es por esto que hizo un llamado para que cuanto antes le informen el inventario definitivo (por sector) de los valores a desindexar que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 establece (cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas), dando prioridad a la revisión de los decretos únicos reglamentarios y la norma reglamentaria materia de la modificación; esto con el fin de generar un solo proyecto de decreto.
“El proyecto de decreto sería enviado para su revisión antes de la tercera semana de diciembre. Esperamos surtir con premura los trámites de publicación y firma, de conformidad con los términos definidos por la normatividad vigente”, agregó el Ministerio de Hacienda.
Así las cosas, fuentes de esta cartera indicaron a SEMANA que esperan que dicho decreto pueda estar listo antes de que acabe el año o, a más tardar, en las primeras semanas de 2023, antes de que se conozca el valor final del Índice de Precios al Consumidor que consolide los 12 meses de este año que ya casi acaba.
Esto se suma al anuncio hecho hoy martes por el Presidente Gustavo Petro, en el que hizo una reflexión del comportamiento de los precios de los servicios públicos y advirtió que no deberían subir por la inflación, además señaló que se trata de un “error legal”.
“Las fórmulas de precios de servicios públicos, así como las de otros bienes, está ligada al índice de inflación. Se trata de un error legal, los precios deben estar ligados es a los costos de producción”, dijo el mandatario de los colombianos.