Un grupo de campesinos, pequeños mineros, comerciantes y líderes sociales de siete municipios de Santander se concentra este lunes 3 de agosto frente al Ministerio de Ambiente, en Bogotá, para exigir la suspensión de tres resoluciones que, según los manifestantes, restringirían la minería legal y otras actividades económicas en cerca de 75.000 hectáreas.
A la movilización acudieron habitantes de Bucaramanga, California, Vetas, Suratá, Charta, Matanza y Tona, así como representantes de las alcaldías de Soto Norte. Los participantes aseguran que las medidas podrían afectar a unas 25.000 personas y cuestionan que el Gobierno pretenda adoptarlas a pocos días de terminar su mandato, sin suficientes estudios técnicos ni un proceso adecuado de participación ciudadana.
Ivonne González, presidenta de Asomineros, gremio de Santander que representa y defiende los intereses de los mineros y de las empresas dedicadas a la extracción legal de minerales, calificó las medidas recientes del MinAmbiente como “resoluciones exprés”, pues, según dijo, implican un fuerte retroceso frente a los acuerdos que habían logrado las comunidades y las autoridades ambientales desde que se prohibió la minería en páramos.
El principal motivo de inconformidad es la posible creación de una zona de reserva de recursos naturales de carácter permanente en el sector de La Baja, en el municipio de California. De acuerdo con las organizaciones convocantes, esta decisión pondría en riesgo el sustento de las familias vinculadas a la agricultura, el comercio y la pequeña minería.
Los manifestantes también rechazan la prórroga de una zona de reserva temporal que cobija a seis municipios de Soto Norte y tres corregimientos de Bucaramanga, así como una delimitación parcial del páramo de Santurbán. Afirman que esta última desconocería acuerdos alcanzados con las comunidades entre 2023 y 2025.
“No nos oponemos a la protección ambiental. Lo que rechazamos son las decisiones inconsultas, sin información clara y sin garantías para quienes vivimos y trabajamos legalmente en el territorio”, afirmó Fabio Maldonado, representante de la organización Gran Paso Social por California.
Según los líderes de la protesta, las resoluciones limitarían la continuidad de actividades económicas legales y cerrarían la posibilidad de avanzar en procesos de formalización minera. También advirtieron que el debilitamiento de la minería formal podría favorecer la expansión de economías ilegales y de grupos criminales en zonas donde el Estado ha tenido dificultades para ejercer el control institucional.
La movilización se produjo después de que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga admitiera una acción de tutela presentada por habitantes de California. El recurso señala una posible vulneración de los derechos al acceso a la información, a la participación ciudadana, a la igualdad y al debido proceso administrativo durante la consulta pública sobre la reserva de La Baja.
Como soporte de la acción judicial, las comunidades presentaron un informe pericial de informática forense que, según los demandantes, documentó modificaciones en los archivos publicados por el Ministerio entre el 15 y el 29 de julio. El dictamen sostiene que durante ese periodo se sustituyeron documentos, se modificaron enlaces de descarga y se incorporó tardíamente información cartográfica.
Las organizaciones consideran que esos cambios dificultaron el análisis de la propuesta y redujeron el tiempo disponible para formular observaciones. Por ello, pidieron que el Ministerio se abstenga de expedir la resolución hasta que exista una decisión judicial definitiva.
Campesinos y pequeños mineros de Santander protestan este 3 de agosto frente al MinAmbiente, en Bogotá, contra lo que califican como “resoluciones exprés” que restringirían la minería legal fuera del páramo de Santurbán. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/io0H9Gj799
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 3, 2026
Los manifestantes también solicitaron la intervención de la Agencia Nacional de Minería para proteger los títulos vigentes y garantizar que cualquier decisión sobre el sector se sustente en criterios técnicos, jurídicos y de seguridad jurídica. Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado sobre los señalamientos expuestos durante la protesta.