Seguros Bolívar reforzó su operación en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y anunció que estima preliminarmente daños en cerca de 20.000 inmuebles, de un universo aproximado de 80.000 propiedades aseguradas. El impacto económico del evento podría acercarse a los $500.000 millones de pesos.

La compañía ha recibido alrededor de 5.000 reportes de siniestros. Sin embargo, señaló que las dificultades de comunicación por la cobertura parcial e inestable de las redes hacen que esta cifra todavía no refleje la magnitud total de los daños.
Por ello, la aseguradora aseguró que no espera únicamente a que los clientes reporten sus casos, sino que también adelanta labores para identificar y contactar de manera proactiva a personas que pudieron resultar afectadas.
Frente a esto, Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar, afirmó que “detrás de cada inmueble afectado hay una familia enfrentando la incertidumbre y tomando decisiones difíciles. Queremos transmitirles un mensaje muy claro: estamos presentes, tenemos la capacidad para responder y estamos trabajando para llegar a quienes nos necesitan y cumplir nuestra promesa de valor, que es la tranquilidad”.

¿Qué deben saber los asegurados?
Uno de los principales mensajes de la compañía está relacionado con el plazo para presentar una reclamación. Seguros Bolívar aclaró que no es cierto que los asegurados tengan únicamente tres días para informar un siniestro. Según la compañía, cuentan con hasta dos años después de ocurrido el evento para presentar la reclamación, que será analizada de acuerdo con las condiciones de cada póliza y las circunstancias particulares del caso.
La aseguradora también hizo énfasis en que la seguridad debe ser la prioridad. Los propietarios y el personal no deberían ingresar a inmuebles que las autoridades consideren inseguros para verificar daños.
Frente a las versiones sobre posibles demoras de hasta cinco años para responder, Seguros Bolívar indicó que está desplegando sus capacidades para avanzar en cada caso con la mayor agilidad posible. Los tiempos pueden variar dependiendo de la magnitud de los daños, especialmente cuando se requieren evaluaciones técnicas de afectaciones estructurales.

La compañía también descartó riesgos para cumplir con sus obligaciones y destacó su solidez financiera, su calificación AAA de Fitch Ratings y el respaldo de reaseguradores internacionales. “Nuestra prioridad es poner toda esta capacidad al servicio de nuestros asegurados y convertirla en soluciones oportunas para las familias afectadas”, afirmó Carrillo.
Finalmente, pidió a los asegurados estar atentos a posibles fraudes. No es necesario contratar tramitadores para gestionar una reclamación y la compañía no solicita consignaciones a terceros para agilizar indemnizaciones, pagar deducibles o recibir la atención de un ajustador.
La aseguradora señaló que su estrategia toma como referencia la atención desplegada durante las inundaciones de Montería, cuando visitó más de 650 familias y entregó más de $14.000 millones en indemnizaciones.
