El terremoto del 10 de agosto puso a prueba al sector asegurador colombiano y dejó dos asuntos pendientes: mejorar los tiempos de respuesta a los afectados y aumentar la cobertura frente a eventos de la naturaleza.
Así lo planteó Pablo Andrés Rivas Herazo, superintendente financiero, durante su intervención en la Convención Internacional de Seguros 2026, en Cartagena. El funcionario reconoció la capacidad financiera y operativa que mostró la industria tras el sismo, pero advirtió que las quejas de los consumidores muestran que todavía hay fallas por corregir.
Entre el 10 de agosto y el 16 de septiembre, la Superintendencia recibió 469 quejas directamente relacionadas con el terremoto. El principal motivo fue la demora en la atención del siniestro, que concentró el 31 % de los casos, con 147 reclamaciones. Le siguió la demora en el pago de indemnizaciones, con 70 quejas, equivalentes al 15 %. También se registraron inconformidades por los tiempos para definir indemnizaciones y por los documentos exigidos para presentar las solicitudes.
Por productos, el seguro de hogar concentró el 41 % de las quejas relacionadas directamente con el sismo, seguido por incendio, con un 23 %, y otros seguros, con un 18 %.
La Superfinanciera identificó, además, 3.367 quejas por otros motivos en los departamentos afectados. En ese grupo, Riesgos Laborales concentró 1.251 casos, equivalentes al 34 %. Entre las principales causas de inconformidad estuvieron el reconocimiento de prestaciones, con un 31 %; las fallas en canales digitales, con un 16 %; y la atención al usuario, con un 14 %.
Rivas señaló que la evaluación de los siniestros debe ser técnica y rigurosa, pero pidió acelerar los procesos teniendo en cuenta que detrás de cada reclamación hay familias y empresas que necesitan recursos para reconstruir sus viviendas, negocios y actividades económicas.
El tamaño de la emergencia también muestra la capacidad que ha tenido que desplegar la industria. Con corte al 25 de septiembre, se habían reportado 98.651 siniestros, con reservas por $5,8 billones. Los pagos habían llegado a $410.620 millones, frente a $11.143 millones registrados el 21 de agosto.
Sin embargo, para la Superintendencia, el principal desafío va más allá de este terremoto: Colombia continúa teniendo una baja cobertura frente a desastres naturales.
Según las cifras presentadas por Rivas, alrededor del 14,5 % de las pérdidas ocasionadas por el terremoto estaba asegurado. La proporción está por debajo del 26,7 % registrado en Chile tras el terremoto de 2010 y del 16 % observado en Ecuador en 2016, aunque supera el 13,3 % de México en 2017 y el 11 % de Turquía y Siria en 2023.
El superintendente sostuvo que el país debe ampliar el acceso a seguros, especialmente en zonas rurales y regiones donde la presencia física de aseguradoras es limitada. Para ello planteó avanzar en productos como los seguros paramétricos, fortalecer los canales digitales e impulsar soluciones que permitan cubrir a poblaciones y actividades productivas hoy expuestas a eventos climáticos y naturales.
“El sector asegurador debe transformarse para ser más eficiente, cubriendo el mayor número de personas y bienes”, señaló en su presentación. La advertencia es clara: los desastres seguirán ocurriendo y el nivel actual de aseguramiento todavía deja a una parte importante del país por fuera de la protección financiera.