Un nuevo episodio alrededor de la controversia de vieja data que tiene Coviandina con la ANI-Agencia Nacional de Infraestructura, relacionada con el contrato de concesión de la vía al Llano, se produjo este miércoles 24 de junio.
Coviandina, concesionaria encargada de la administración, operación, mantenimiento y ejecución de las obras del corredor de la Vía al Llano, confirmó la expedición de un fallo por parte del llamado panel de amigable componedores del contrato de la concesión Bogotá–Villavicencio.
En la decisión, ese grupo integrado por tres expertos encargados de resolver controversias técnicas y contractuales de forma vinculante (al contrato), ratificó que “Coviandina no responde por infraestructura imposible de asegurar en la vía al Llano”, según informó la concesionaria.
Los expertos le dijeron a Coviandina que “existen obras cuyo riesgo no puede ser cubierto por el mercado asegurador y que no son responsabilidad del concesionario”.
Como contexto de esta situación, hay que señalar que esta controversia se viene intentando resolver desde hace ya tres año. En julio de 2023 se registraron interpretaciones de las disposiciones del contrato de concesión, en relación con las pólizas de seguros y la asignación de riesgos por hechos no atribuibles al concesionario, como son los que provienen de la naturaleza del terreno en el que está la obra.
Ahora, el fallo estaría reconociendo que hay una infraestructura especial y puentes construidos antes de la concesión, que presentan condiciones técnicas que las hacen no asegurables, y que esta situación responde a limitaciones del mercado asegurador, no a fallas del concesionario.
Si ha habido una obra controversial es la vía al Llano. Enfrenta crisis constantes debido a la fragilidad geológica de la cordillera Oriental y los fuertes inviernos que provocan deslizamientos de tierra.
Ya casi se van a cumplir 4 décadas de ires y venires y soluciones estructurales no ha habido. Seguramente no las habrá. Inclusive, la vía ha sido un dolor de cabeza para el país, y ahora, con el fallo, se ratifica esa circunstancia.
“Tras analizar las gestiones realizadas por Coviandina, los expertos concluyeron que ninguna aseguradora ni reaseguradora estuvo dispuesta a asumir estos riesgos, pese a los esfuerzos realizados". En consecuencia, “no corresponde al concesionario intervenir estas estructuras para hacerlas asegurables, ya que esto supera sus obligaciones contractuales“, afirma la concesionaria.
Quiere decir que cualquier daño que no corresponda a la obra como tal, sino que provenga de situaciones naturales, como muchas de las que han ocasionado derrumbes y hasta caídas de puentes, como el de Chirajara, tendrían que ser asumidas con recursos públicos.
“Esta decisión se suma a lo establecido por un laudo arbitral del 25 de julio de 2025, que ya había definido que el concesionario no debe, asumir costos de reparación cuando los daños no le son atribuibles ni cuentan con cobertura de seguro”, señala la información suministrada por el concesionario.