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El presidente de El Salvador lanzó una ofensiva contra las pandillas que azotan las diferentes ciudades del país
AI afirma que en medio de la persecución a las maras, cientos de personas vulnerables también sufren las consecuencias. | Foto: AFP / Marvin Recinos

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Amnistía Internacional denuncia crisis de derechos humanos en El Salvador

La organización culpa al presidente Bukele y afirma que ya han muerto 18 personas en manos del Estado.

3 de junio de 2022

Mediante un comunicado, la ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este 2 de junio que El Salvador se encuentra “sumergida en una crisis de derechos humanos” provocada por el actual presidente, Nayib Bukele. Según los registros de la organización, hasta el momento han muerto 18 personas “bajo la tutela del Estado”.

En la investigación realizada por la organización se evidenció que tras el decreto de régimen de excepción que comenzó a regir desde marzo de este año, luego de que se desatara toda una ola de homicidios e inseguridad en el país centroamericano, al parecer, provocado por las pandillas que dominan ciertos territorios nacionales, las autoridades se habrían valido de la normativa para, según afirma AI, “violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos”.

El informe indicó que durante las últimas 28 semanas, luego de que se extendiera dos veces el decreto de régimen de excepción, se habrían presentado 28 casos de violación a los derechos humanos hacia 34 personas, datos recolectados a través de entrevistas tanto a las víctimas, como a los familiares de estas, entre otros personajes vinculados con la problemática, por lo que AI habría pedido una reunión para tratar el tema directamente con el presidente Bukele y otras autoridades.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza”, recalcó la institución en su informe, afirmando que las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos son, además, personas vulnerables.

En imágenes : la cárcel de Izalco en El Salvador.
Pandilleros son sacados de sus celdas durante un registro en la cárcel de Ciudad Barrios después de que el Congreso de El Salvador aprobara poderes de emergencia que suspendieron temporalmente algunas protecciones constitucionales, en Izalco, El Salvador, el 27 de marzo de 2022. Foto REUTERS / Secretaría de Prensa de la Presidencia | Foto: via REUTERS

Por tanto, denunciaron que: “En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia. Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva.”, recalcando la necesidad de ampliar los horizontes de combate e integrar comités para la reparación.

Desde hace ya más de un año que el mundo conoció la forma en que el mandatario de El Salvador intentaba poner orden en el país, y con fotografías que causaron polémica internacionalmente, cientos de presuntos integrantes de las maras fueron vistos en las pantallas del mundo formando filas totalmente hacinadas en cárceles salvadoreñas. Ahora, AI recuerda que este tipo de situaciones están llevando a “graves problemas de salubridad”.

“Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas”, afirmaron en el documento.

“Llamamos al gobierno del presidente Bukele a revertir de forma inmediata las recientes medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, con el fin de establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos”, concluyó AI.