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Congresistas ecuatorianos presentan pedido de juicio político contra presidente Lasso
El pedido de juicio político está firmado por 59 de los 137 asambleístas, el 43% de la cámara.
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Un grupo de diputados ecuatorianos presentaron el jueves un pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por un presunto caso de corrupción que salpica a su cuñado y a un exfuncionario de una empresa pública.
El pedido de juicio político está firmado por 59 de los 137 asambleístas, el 43% de la cámara.
El pedido de juicio político tiene su origen en un reporte del portal La Posta que reveló en enero una supuesta estructura de corrupción montada en empresas públicas por Danilo Carrera, cuñado de Lasso que no ha ocupado cargos en el gobierno.
“El presidente ha adecuado su conducta para proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas. El presidente siempre supo, siempre tuvo conocimiento (…) y permitió que se haga feria (dinero) de estas empresas”, dijo a la prensa la asambleísta Viviana Veloz, del opositor partido Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Veloz sostuvo que “el presidente tiene responsabilidad política por los delitos de concusión y de peculado”, y que el juicio “es una salida constitucional y democrática para esta grave crisis” que atraviesa el país.
En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO), y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la fiscalía por narcotráfico.
“Este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de dos años de mandato”, señaló la Secretaría General de Comunicación.
Este es el segundo intento del Legislativo de destituir a Lasso. El junio, en medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de la vida, asambleístas opositores presentaron una moción para cesar al mandatario por grave conmoción social, pero no reunieron los votos necesarios.
Si la solicitud llega a la Corte Constitucional, esta tiene un plazo de seis días para pronunciarse. En caso de que el máximo tribunal emita un dictamen en contra del juicio, el proceso quedará archivado.
De darse el juicio, se requiere el voto de dos terceras partes de los diputados (92) para destituir al presidente.
La fuga de María Duarte tiene en una crisis diplomática y disputa histórica a Ecuador y Argentina
Argentina y Ecuador se encuentran inmersos en una crisis diplomática luego que la exministra ecuatoriana María Duarte, condenada por corrupción, se escapara de la embajada en Quito.
María Duarte es una arquitecta, oriunda de Guayaquil, de 60 años, y está casada con un ciudadano argentino. Desde hace varios años ha estado incursionada en la política, fue militante y dirigente del extinto movimiento Alianza Paris, el cual fue el movimiento que impulsó Rafael Correa a la presidencia.
Duarte fue en primer lugar ministra de Inclusión Económica y Social, pero luego se desempeñó como ministra de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, en 2015 volvió a cambiar de gabinete y pasó a ser la jefa de la cartera del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda hasta 2017, cuando Correa dejó la presidencia. En ese momento empezaron los problemas legales contra la exfuncionaria.
El mismo año que acabó el mandato, la Contraloría General del Estado de Ecuador emitió en un juicio por la contratación indebida de una carretera entre Collas-Tababela, la cual conecta con Quito con el aeropuerto de Tababela. Las autoridades hallaron que la obra tuvo un sobreprecio de 142.3 millones de dólares, por lo que la exministra tendría que rendir explicaciones sobre 111 millones de dólares.
La contratación se dio entre el 4 de marzo y 16 de octubre de 2013, periodo en el cual Duarte se desempeñó como ministra de Transporte. Según la información de las autoridades, la jefa de cartera desechó millones de dólares de bonos del Gobierno, los cuales estaban cubiertos para adendas contractuales, por lo que hubo cambios técnicos que no correspondían con los costos iniciales. Sumado a ello, se comprobó que el modo por el cual se dio la contratación iba en contra del modelo que estaba vigencia en la ley ecuatoriana.
En 2020, junto con otras 20 personas y el expresidente Correa, Duarte fue condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho. Personalidades como Jorge Glas, exvicepresidente, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia y los excongresistas Viviana Bonilla y Christian Viteri; también fueron detenidas.
Acto seguido, la exministra ingresó a la embajada argentina en Quito, cumpliendo con la respectiva condena. Sin embargo, el 9 de febrero de 2021, Duarte fue procesada por el delito de incumplimiento de una decisión legítima, dado que un juzgado consideró que ella debería cumplir la condena en un centro carcelario.
La marea estuvo calmada el año anterior, a la espera de saber qué procedería. No obstante, en la noche del 13 de marzo, la exministra escapó de la embajada y se encuentra prófuga de la justicia. El suceso lo dio a conocer el canciller argentino, Santiago Cafiero, quien le informó de esto a su homólogo ecuatoriano, Juan Carlos Holguín. Cabe mencionar que el Gobierno de Guillermo Lasso, mandatario actual, negó la solicitud radicada por ella para salir del país.
Con información de AFP.
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