El llamado llegó pocas horas después de que el doble terremoto sacudiera a Venezuela el pasado miércoles, 24 de junio. Médicos patólogos y especialistas en medicina forense de distintas regiones del país fueron convocados de urgencia para reforzar las labores de recuperación, identificación y certificación de los fallecidos en La Guaira, uno de los estados más devastados por el desastre natural.
El estacionamiento del Hospital del Seguro Social de La Guaira fue convertido en una morgue improvisada. A la intemperie comenzó un trabajo que, con el paso de las horas, dejó de parecer una operación forense para convertirse en una carrera desesperada contra el tiempo.
Durante los dos primeros días, cada cuerpo recuperado entre los escombros era sometido a la autopsia correspondiente, con el propósito de establecer de manera científica la causa del fallecimiento. Sin embargo, la magnitud de la tragedia pronto hizo colapsar cualquier capacidad de respuesta.
A medida que brigadas de rescate, bomberos y voluntarios removían toneladas de concreto y estructuras derrumbadas, el ingreso de víctimas mortales aumentó de forma acelerada. Los cadáveres comenzaron a llegar sin pausa, superando la capacidad operativa del equipo de especialistas.
Según fuentes con conocimiento directo de las labores, la decisión fue inevitable: suspender las autopsias y agilizar las certificaciones de defunción para evitar que el sistema quedara completamente paralizado.
Desde ese momento, cada cuerpo recuperado era registrado de forma expedita antes de ser trasladado para su identificación y entrega a los familiares, en medio de una emergencia que ya había desbordado toda previsión.
En ese contexto, el área forense improvisada comenzó a operar bajo condiciones críticas. Cuatro contenedores permanecen llenos de cuerpos ya identificados que deben ser reclamados lo más rápido posible por familiares para darles cristiana sepultura. Sin embargo, un número no determinado de cadáveres no pudo ser identificado una vez practicada la necrodactilia y no aparece en los registros del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Todos esos restos humanos, según el protocolo de emergencia aplicado, serán trasladados a una fosa común, donde recibirán un número de registro para futuros reclamos y estudios patológicos más detallados que permitan eventualmente su identificación.
El colapso operativo no se limitó a la morgue improvisada del Seguro Social. A medida que la cifra de cadáveres aumentaba cada minuto y el espacio habilitado resultaba insuficiente, los próximos ingresos comenzaron a ser trasladados a un área mucho más amplia, habilitada de emergencia en los silos del Puerto de La Guaira, convertidos también en centro temporal de procesamiento de cuerpos.
En paralelo, la comisión forense del CICPC, encargada de los levantamientos en todo el estado, operaba bajo condiciones extremas. Las furgonetas especiales que trasladaban cuerpos desde centros de salud en Catia La Mar y otras instalaciones médicas eran constantemente detenidas por rescatistas voluntarios y familiares que, desesperados, habían logrado recuperar cadáveres en distintos sectores devastados.
Sin embargo, por protocolo oficial, esos cuerpos no podían ser levantados en el sitio si no formaban parte del procedimiento formal de la comisión. En muchos casos, los restos debían permanecer en la vía pública hasta que se completaran los traslados oficiales, con el objetivo de evitar el colapso total de los centros de salud y las áreas de patología.
Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraban una realidad difícil de ocultar: cuerpos tendidos en calles, avenidas y zonas residenciales; filas de sábanas mortuorias en espacios improvisados; cadáveres acumulados en áreas de procesamiento de emergencia. Eran escenas propias de una catástrofe humanitaria.
Fuentes que solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias aseguraron que, apenas transcurridas las primeras jornadas, el número de cadáveres procesados ya superaba ampliamente los 600, mientras el flujo de ingresos continuaba creciendo sin interrupción.
La diferencia entre esa realidad y los balances oficiales empieza a hacerse cada vez más evidente. Mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informaba al país un balance oficial de 1.340 fallecidos hasta la tarde del viernes, dentro del área forense, el volumen de cuerpos registrados avanza a un ritmo que, según los testimonios consultados, hace imposible que esa cifra refleje la dimensión real de la tragedia.
Bastaba observar los videos difundidos desde distintas zonas de La Guaira para comprender que el desastre ha dejado un número de víctimas superior al admitido hasta este momento por las autoridades.
De acuerdo con las cifras oficiales, hasta este domingo se habían reportado casi 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos, por lo que la cifra podría crecer con el pasar de los días, ya que sigue corriendo el tiempo y la esperanza de encontrar personas con vida disminuye.
Mientras tanto, las autoridades forenses continúan emitiendo certificados médicos con causas de muerte asociadas al colapso estructural: politraumatismo generalizado, politraumatismo torácico, traumatismo craneoencefálico severo o decapitación por siniestro natural. Todos los documentos incorporan una referencia común: “Siniestro natural (terremoto)”.
Más allá de las cifras, cada certificado representa una vida perdida, una familia destruida y una historia interrumpida.
La tragedia también expone una realidad que durante años fue advertida por especialistas: la vulnerabilidad de una infraestructura deteriorada, la falta de inversión en prevención de riesgos, el abandono del mantenimiento urbano y la ausencia de políticas eficaces para enfrentar eventos sísmicos de gran magnitud.
En medio del dolor, la discusión ya no gira únicamente en torno a cuántos murieron, sino también sobre la necesidad de que el país conozca con transparencia la verdadera dimensión de una de las peores catástrofes de su historia reciente.