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Descalabro en Gobierno de Boric en Chile: asesinatos, crimen y asaltos al alza; hasta la MinDefensa fue robada en su casa

El presidente vive días oscuros. Su popularidad cae, su Constitución es criticada y en las calles nadie se salva de los maleantes que no ha podido controlar.


Este fin de semana en Chile sucedió un hecho criminal, algo surrealista. La inseguridad del país está tan mal que fue asaltada incluso la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Nadie se escapa de ese descontrol que vive el país, que hace apenas unos meses celebraba eufórico el giro hacia la izquierda y anunciaba una nueva Constitución que prometía hacer un revolcón en las condiciones sociales. Esto último no pasó y el asalto a la casa de la ministra deja al descubierto la grave situación que vive el país, de la cual no se escapan ni los más altos funcionarios del Estado ni empresarios y mucho menos ciudadanos que a diario viven en carne propia los asaltos, encerronas y portazos.

Hace pocos días fue asaltada la casa de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el más importante líder gremial del país. A diario, las noticias dan cuenta de asaltos a periodistas, presentadores y personalidades de la farándula, así como a centros comerciales y residencias en todas las comunas de Santiago. De hecho, se conoció en las últimas horas el asalto y secuestro de uno de los miembros de la escolta del presidente Boric a quien balearon en una comuna y se lo llevaron para posteriormente dejarlo abandonado en otra.

Durante la noche del viernes también se reportó un nuevo ataque incendiario contra la finca España de la CMPC, donde un grupo de encapuchados quemó al menos 20 vehículos. Y eso sin contar con las decenas de robos que hay en el día a día en las ciudades y en el campo. Imágenes de fincas que sufren de incendios para que sus propietarios huyan y los ladrones puedan quedarse con todo.

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El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, sale en esta imágen de una reunión en Santiago, Chile, el jueves 10 de marzo de 2022. La ceremonia de investidura presidencial de Boric está programada para el viernes. Su popularidad ha caído estrepitosamente. Foto AP/Luis Hidalg - Foto: AP

Desde diferentes sectores le piden al Gobierno decretar la medida del Estado de Excepción para conjurar la situación. La oposición, mientras tanto, ha dicho que el presidente Boric es el único responsable de las vidas que se están perdiendo en esa asonada del hampa y de la inacción del Gobierno. Se espera que se haga una acusación constitucional por parte de ese sector político. Democracia Cristiana, Partido de centro-izquierda que apoyó a Boric en la segunda vuelta presidencial, también pidió acciones en este frente.

Una encuesta de Pulso Ciudadano reflejó la gravedad de lo que sucede en Chile y la enorme preocupación que hay entre la gente por lo que está sucediendo. La desaprobación del Presidente Boric está en 61,1 %, mientras que su aprobación cae al 24 % y un 14,9% no sabe o no responde.

Ante la pregunta de “¿Cuáles son los 3 principales problemas de Chile en estos momentos?”, un 45,2 % de los encuestados señaló que es la delincuencia. En segundo lugar, aparece la inflación y alza de precios con un 36,2 %. Y más lejos, aparecen la economía, la inmigración y el narcotráfico, todos cercanos al 18 %.

Una constitución que ya hace aguas

La encuesta también consultó por cuáles de las opciones votará en el plebiscito de salida el 4 de septiembre del 2022, a lo que un 45,6 % de los encuestados aseguró que rechazará el texto de la nueva constitución y solo el 27,1 % de los chilenos la aprobaría. La nueva Carta Fundamental de Chile, que este lunes despachará su primera versión, considera al país como un Estado social de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, y consagra un “catálogo de derechos sociales” ausentes en la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

“El lema de la Constitución de 1980 es soluciones privadas para problemas públicos. Es hostil a la acción estatal, en la economía y en la provisión de derechos sociales”, explicó a la Javier Couso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Diego Portales. En la discusión, a veces áspera, entre los 154 convencionales constituyentes que comenzaron a trabajar el 4 de julio de 2021, quedaron afuera propuestas como la reelección presidencial, el referéndum revocatorio, la pérdida de autonomía del Banco Central o la nacionalización de la minería.

La redacción de este texto fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de mayor justicia social en un país extremadamente desigual. Pero en este momento esa salida idílica ya está haciendo aguas.

En su primer artículo, el proyecto de nueva Constitución señala: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

La Convención constituyente entregará el lunes una primera versión del texto a la Comisión de Armonización, que revisará cada uno de los artículos y velará por su coherencia, pero sin cambiar lo aprobado. El 4 de septiembre los chilenos decidirán en un referéndum con voto obligatorio si “aprueban” o “rechazan” la nueva Carta Magna.

Irrelevante y muy larga

Abogados y politólogos han lamentado que se haya hecho una Constitución con puntos que consideran irrelevantes y que excede los 400 artículos. “Es un texto adecuado que contiene muchas cosas, pero nada que no esté en otras Constituciones; no están otros paradigmas constitucionales. Nada de lo que está ahí sale de la norma internacional”, explicó al abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Tomás Jordán.

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- Foto: getty images

Pero Marcela Cubillos, integrante de la Convención, militante de derecha que hizo campaña por el rechazo al cambio constitucional, da por perdida la oportunidad de haber podido elaborar “una Constitución para Chile que una y no segregue”. Además del “Catálogo de derechos sociales” con un Estado garante en salud, educación, vivienda digna y una pensión, el texto establece un nuevo ordenamiento del sistema político y de justicia, junto a una nueva forma de distribuir el poder en gobiernos regionales.

En función de un principio de “pluralismo jurídico”, “reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas”, pero determina que será la ley general la que fijará la competencia de estos tribunales. También prevé la reorganización del Poder Judicial, a través del Consejo de la Justicia, un órgano “de carácter autónomo, técnico y plurinacional” cuya principal labor será fortalecer la independencia de los magistrados.

Christian Viera, abogado que coordinó la Comisión de justicia, explicó que la unidad jurisdiccional “es un principio básico del derecho, que supone que a la cabeza de todos los tribunales de justicia hay una última palabra que define todo”.

Aborto, otro tema polémico

A diferencia de la actual Carta Fundamental, con un Poder Legislativo bicameral, la nueva propuesta elimina al Senado y lo reemplaza por una Cámara de las Regiones. Según Jordán y otros expertos, el funcionamiento en dos cámaras impedía que las reformas se tramitaran adecuadamente.

Mujeres de América Latina marchan a favor del derecho al aborto
Activistas pro-aborto gritan consignas frente al Congreso, donde los legisladores discuten un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, en Valparaíso, Chile, el 28 de septiembre de 2021. Foto REUTERS / Rodrigo Garrido - Foto: REUTERS

En el rubro ambiental, el nuevo texto “garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible” y prohíbe que su propiedad caiga en manos de privados, como sucede actualmente. “Chile es el único país del mundo cuya Constitución consagra el derecho de propiedad del agua a un privado”, dijo Rodrigo Espinoza, analista económico de la Universidad Diego Portales.

“El cambio más profundo es en la forma de administrar los bienes naturales comunes”, complementó Jordán. Si bien no menciona la palabra “aborto”, el nuevo texto propone que el Estado deberá brindar “las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo”. El tema ha levantado una enorme polémica en el país.

*Con información de AFP.