El gobierno de presidente José Antonio Kast frenó la regularización de 182.000 migrantes en Chile, impulsada por la anterior administración de Gabriel Boric, y se prepara para presentar al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados.
Kast asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo, con la promesa de imponer “mano dura” contra la migración irregular. El mandatario asocia un incremento de la delincuencia con la llegada de indocumentados al país en los años recientes.
Según un comunicado enviado a la AFP, el gobierno del presidente Boric había dejado listo un decreto para regularizar a unas 182.000 personas que participaron de un proceso de empadronamiento de migrantes que ingresaron de manera irregular al país.
“No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, aseguró el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.
La anterior administración impulsó ese proceso voluntario con el fin de conocer la identidad de migrantes que ingresaron por pasos no autorizados.
La autoridad agregó que “afortunadamente” el decreto “no se llevó a cabo porque hoy día nos hemos enterado que 6.000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito”.
Kast prometió promover la expulsión de los casi 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven actualmente en Chile, de acuerdo a cifras oficiales.
“Toda esta situación genera muchísima incertidumbre”, dijo a la AFP, Freymar Márquez, una ama de casa venezolana, de 30 años.
“Si están negando la regularización a esas personas que se empadronaron qué quedara para las personas que no tienen el enrolamiento”, agregó.
El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, anunció que el Gobierno de José Antonio Kast desplegará a funcionarios para “fiscalizar” a empresas que contraten a migrantes irregulares.
“No va a ser una caza de brujas ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre (en estas prácticas) con más frecuencia”, dijo durante una entrevista con un programa del diario ‘La Tercera’, agregando que esperan que esta medida no sea “punitiva”, sino más bien “disuasoria”.
En este sentido, ha explicado que a día de hoy ingresar ilegalmente a Chile es “una simple falta” en vez de un delito y ha aludido a que las empresas cumplen la ley laboral, pero no con la ley de migraciones.
“La inspección del trabajo no le pregunta (a las empresas) la situación migratoria (de sus trabajadores)”, aseguró.