Expresidente peruano Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel, vuelve a pedir libertad

El expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos durante su gobierno (1990-2000), volvió el miércoles a pedir su liberación a un juez al apelar a una decisión de febrero que le negó un habeas corpus para salir de prisión.

El pedido de Fujimori, de 85 años, se realiza, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos frenó en 2022 la liberación a favor del expresidente ordenada por el Tribunal Constitucional. La decisión del tribunal fue ampliamente cuestionada a nivel local e internacional.

“Me considero primero totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crimen por autoría inmediata. Considero que el indulto ha sido debidamente sustentado y que mi enfermedad se ha ido intensificando con el tiempo”, dijo Fujimori desde la cárcel en una sesión virtual en la que se le veía sentado hablando con una cánula nasal en el rostro.

Días de impunidad

En una decisión inédita en 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ser el autor intelectual de 25 asesinatos ejecutados por un escuadrón clandestino de militares en dos matanzas ocurridas durante su mandato (1990-2000).

Los militares mataban con impunidad y con el apoyo de su gestión en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Además de la sentencia a 25 años, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción por los cuales debe 13,6 millones de dólares.

La Corte IDH indicó en 2022 que la decisión del Tribunal Constitucional local no efectuó un contrapeso que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. “Ni siquiera hace la más mínima referencia a las graves violaciones a derechos humanos por las que fue condenado Fujimori”, añadió la Corte IDH.

Por eso el organismo ordenó a Perú “abstenerse” de liberar a Fujimori, cuya condena recién finaliza el 18 de noviembre de 2032, cuando tenga 95 años.

Una de las matanzas ocurrió en una zona llamada Barrios Altos -donde fueron asesinados 15 vecinos durante una fiesta, incluido un niño de 8 años- y la otra en La Cantuta, una universidad que forma maestros de escuela, en la que murieron nueve estudiantes y un catedrático.

La Corte IDH también indicó que Fujimori se encuentra “monitorizado constantemente” y recibe tratamiento en medicina intensiva, geriatría, cardiología, neumología, gastroenterología y que se están haciendo gestiones para tratarlo en medicina física y rehabilitación.

Perú y otros 22 países de la región reconocen a la Corte IDH como su máximo tribunal en derechos humanos, incluso por encima de sus más elevadas instituciones judiciales.

Fujimori y La Cantuta

El 18 de julio de 1992, militares del destacamento “Colina” ingresaron por la noche en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, ubicada en La Cantuta, 30 kilómetros al este de Lima, donde detuvieron a nueve estudiantes y un profesor bajo la sospecha de pertenecer al grupo armado maoísta Sendero Luminoso.

Los diez detenidos de La Cantuta fueron torturados, asesinados y sus cuerpos quemados con querosén, según se estableció luego durante un juicio al escuadrón militar de operaciones especiales.

En 1993, los fiscales hallaron los primeros restos humanos en una fosa común. Y en agosto de 2022 se halló el hueso del codo de Armando Amaro Cóndor, una de las víctimas que tenía 25 años.

Chile extraditó en 2007 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por las matanzas de La Cantuta y de Barrios Altos, consideradas como los peores crímenes contra los derechos humanos perpetrados en Perú durante las dos décadas de conflicto interno (1980-2000).

Por ambos casos, la justicia peruana condenó a Fujimori a 25 años de prisión en 2009 como coautor de homicidio calificado, tortura y desaparición forzada de personas. El tribunal determinó, además, que ninguna de las 10 víctimas del caso La Cantuta pertenecía a grupos terroristas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2006 la responsabilidad del Estado peruano en el caso de La Cantuta por la violación de los derechos del profesor y los nueve estudiantes.

Con información de AP y AFP