La Asamblea Nacional aprobó este jueves, 29 de enero, la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas, a medida que Estados Unidos busca volver a operar en el país tras intervenir militarmente y capturar al dictador Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional aprobó los artículos del texto, que ahora pasa a las manos de Delcy Rodríguez para su promulgación. “Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, añadió el hermano de la presidenta encargada.
La reforma representa un punto de inflexión histórico, porque debilita el esquema de control que el Estado venezolano impuso sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.
Las modificaciones a la legislación chavista apuntan a eliminar las restricciones que limitaron la participación de capitales privados en el sector petrolero más grande y lucrativo de América Latina.
El objetivo declarado por los impulsores de la reforma se centra en atraer a empresas privadas y extranjeras a invertir en exploración, producción y distribución, algo prácticamente inexistente bajo el modelo que rigió en los últimos gobiernos.

Adicionalmente, este nuevo reglamento reconocerá el arbitraje internacional en disputas de inversión y construirá un esquema que permite un pago más directo de regalías al Estado venezolano. Según la información desde Caracas, los inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento.
La reforma otorgaría mayor control sobre los proyectos a los socios de las empresas mixtas de PDVSA, acceso directo a los ingresos por ventas de petróleo y condiciones operativas más flexibles.

Los socios actuales, entre ellos Chevron (que formalizó la semana pasada su esquema en Venezuela) y compañías europeas, chinas y rusas, solicitaron estos cambios durante años. PDVSA figura actualmente como accionista mayoritario en más de 40 empresas mixtas, tras una nacionalización ocurrida hace dos décadas que llevó a la salida de numerosas firmas.
La administración Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según sus palabras, que se vea beneficiado el pueblo del país latinoamericano, así como revitalizar la decadente industria atrayendo inversión extranjera.
Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que tiene el objetivo de garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales de sus acreedores.
