El Tribunal Anticorrupción de La Paz fijó para el lunes 28 de febrero el inicio del juicio contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez por el caso ‘Golpe de Estado II’, después de quedar suspendido a principios de febrero por una serie de objeciones de la parte acusada.
Así lo confirmó el diario boliviano La Razón, que detalló que el juicio será virtual y comenzará a las 9.00 horas (hora local). Comandantes de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía de Bolivia están incluidos en el caso.
Áñez está acusada de haber actuado en contra de la Constitución y resoluciones contrarias a las leyes por haber asumido la Presidencia “sin cumplir los procedimientos”, según la Fiscalía de Bolivia. La expresidenta, en huelga de hambre, tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política de 2019. También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso ‘Golpe de Estado I’.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Bolivia firmaron un protocolo de seguimiento a los procesos judiciales, con lo que el caso ‘Golpe de Estado II’ será observado por organismos internacionales.
El círculo de Áñez, que gestiona su cuenta en la red social Twitter, insistió este miércoles en la “persecución política” que sufre la exmandataria, a la que las autoridades bolivianas “tienen secuestrada sin existir terrorismo, sedición, ni conspiración”, tras la visita del relator de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán. En su informe preliminar, presentado el martes, lamentó que la Justicia del país “está lejos de la gente”.
Críticas de Naciones Unidas
Un experto de Naciones Unidas criticó el sistema judicial de Bolivia tras visitar el país durante una semana invitado por el gobierno del izquierdista Luis Arce.
“En Bolivia, la justicia está lejos de la gente”, aseguró en conferencia de prensa el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.
El abogado, expolítico peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que “hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos”.
García-Sayán mantuvo reuniones con funcionarios judiciales, políticos y organizaciones de la sociedad civil.
La visita ocurrió en medio de críticas a la justicia boliviana luego del descubrimiento de una red de jueces que liberaba a asesinos y violadores por dinero.
“Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí”, aseguró García-Sayán.
García-Sayán criticó las “dificultades” para la hospitalización de la exmandataria, que no pudo ser trasladada pese a una orden judicial debido a una manifestación en las puertas de la cárcel. Además de esto, hay que recordar que Áñez se había declarado, unas semanas atrás, en huelga de hambre por el juicio en su contra.
“El Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y de la salud”, recordó.
Por otra parte, el relator se reunió con familiares de víctimas de represión durante las primeras semanas del gobierno interino de Áñez, en noviembre de 2019, y aseveró que “pasados más de dos años son escasos los resultados” de la investigación.
El informe detallado de la misión se presentará en junio próximo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
En agosto, un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acuerdo con Bolivia concluyó que se deben revisar “tipos penales ambiguos” para evitar su utilización “de manera arbitraria”.
El estudio señaló que “magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos”.
*Con información de la AFP.