Peter Coy, columnista del periódico The New York Times, publicó una columna, el miércoles 20 de octubre, según la cual “los colombianos se unen en torno a la reforma agraria. Este es el por qué”. Coy recordó las declaraciones que le dio al mismo medio estadounidense el presidente Iván Duque, en el marco de la visita que hizo a ese país hace una semana. “Esperamos otorgar 50.000 títulos de propiedad para el cierre de este año...Este es el esfuerzo más grande de titulación de tierras que se ha hecho en Colombia en un solo periodo de gobierno”.
De acuerdo con el columnista, hay una especie de consenso alrededor de una reforma agraria, toda vez que “otorgarles a los agricultores los títulos de las tierras en las que habitan es una meta que une a la derecha política, que valora la seguridad de los derechos de propiedad, y a la izquierda del país, que valora la justicia social. La iniciativa de Duque cuenta con un apoyo sólido de la comunidad internacional, e incluye al Banco Mundial, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y los gobiernos del Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Suiza”.
“Esta semana, durante la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el tema de la reforma agraria fue una prioridad en la agenda. El hecho de que los agricultores no tengan títulos de propiedad de sus tierras en muchas de las zonas rurales de Colombia es un factor importante, aunque invisible, que contribuye a dos de los mayores problemas del país: el cultivo ilegal de coca —la base de la cocaína— y la fuerza perdurable de los movimientos guerrilleros, incluidas letales facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)”, agregó Coy en la columna de NYT.
De acuerdo con el columnista Peter Coy, gran parte del problema de entregar tierras de forma equilibrada en Colombia se basa en la disputa de las mismas, sin que exista claridad alrededor de qué límites hay en ellas. De hecho cita en su argumento al estratega Stephanie Burgos. “Uno de los problemas que enfrenta son las disputas sobre la propiedad. Si dos agricultores no pueden ponerse de acuerdo para definir los límites de sus propiedades colindantes, el asunto se resuelve en los tribunales. Otro tiene que ver con las desigualdades que ya existen. Si la titulación de tierras solo se limita a las personas más ricas que reclaman la tierra en este momento y dejan fuera a las más pobres que también las piden, no serviría de mucho, dijo Stephanie Burgos, estratega sénior de políticas en Oxfam America, una organización sin fines de lucro que combate la pobreza. El gobierno también necesita apoyar la economía agraria para que los agricultores no se vean forzados a vender sus terrenos recién escriturados, afirmó”.
Según su tesis, el acuerdo de 2016 entre Gobierno (del entonces presidente Juan Manuel Santos) y Farc de formalizar la adjudicación de siete millones de hectáreas de tierras rurales y otorgarles a los pequeños y medianos productores tres millones de hectáreas adicionales no avanza. Él cita que habló con el Departamento Nacional de Planeación y le dieron cuenta de un avance del 5 por ciento al respecto. “Desde la perspectiva del gobierno, dar títulos de propiedad a las tierras le permite recaudar impuestos prediales y le da más influencia sobre las conductas ilícitas”, aseveró. “A cinco años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, la situación de Colombia sigue frágil. La violencia continúa, aunque a un ritmo más lento que antes del acuerdo”, agregó.
La columna completa de Peter Coy en The New York Times se puede leer aquí