El pasado lunes, 7 de febrero, se conoció la decisión de la justicia venezolana sobre entregar la sede del diario El Nacional -crítico al Gobierno- al líder chavista Diosdado Cabello. Vale la pena recordar que dicho bien había sido embargado en mayo de 2021 tras una demanda por “difamación” y “daño moral” interpuesta por el diputado.
“En un irregular y clandestino remate judicial, se adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello Rondón”, informó el diario en una nota de prensa.
Al respecto, la oposición venezolana emitió un comunicado en el que califica la decisión como “un robo judicial”, así mismo, condenó lo que considera como “un nuevo ataque contra El Nacional, un atentado contra la libertad de expresión”.
“Desde la Asamblea Nacional de Venezuela rechazamos de manera categórica la ilegal, irregular e ilegítima decisión del Tribunal Tercero de Primera Instancia, Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, por medio de la cual la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso le adjudicó directamente la propiedad de la sede del diario El Nacional, y los lotes de terreno sobre los que se encuentra construida, a Diosdado Cabello Rondón”, manifestó en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.
La Asamblea Nacional de Venezuela, además, indicó que la jueza Amoroso es hermana del contralor general de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, detalle con el que ejemplifica cómo la dictadura “ha secuestrado las instituciones, ha acabado con la separación de poderes, ha fomentado el nepotismo y la corrupción, y manipula a su antojo las más altas instancias del país para promover descarados robos judiciales contra uno de los diarios históricos del periodismo en Venezuela”.
“Adicionalmente, la decisión se tomó a espaldas a El Nacional y a su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo. Solo estuvo presente el abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto”, anota la Asamblea en el documento.
Comunicado en rechazo al robo judicial perpetrado por la dictadura contra la sede física del histórico diario El Nacional pic.twitter.com/5owMNM5IgX
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) February 8, 2022
“Un ataque contra la prensa libre en Venezuela”
La oposición continuó sentando su total rechazo a la decisión tomada por el tribunal, la cual calificó de “ilegal” y como “un nuevo ataque contra la prensa libre en Venezuela”. En ese sentido, manifestó que el “robo judicial” contra El Nacional corresponde a una nueva táctica del régimen que busca “amedrantar, amordazar e intimidar a los directores, editores y periodistas de los medios de comunicación en el país para que bajen la voz y dejen de denunciar la arbitrariedad de la dictadura de Nicolás Maduro”.
“Este robo judicial contra la propiedad de El Nacional, pilar de la prensa libre y la libertad de expresión en Venezuela, es una prueba fehaciente de la necesidad de reformar el sistema de justicia de nuestro país. La dictadura adelanta una reforma a la composición del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, donde planea, entre otras cosas, reducir el número de magistrados de 32 a 20 en una maniobra para simular cooperación ante la investigación de la Corte Penal Internacional”, detalla el documento publicado por la oposición.
En ese sentido, manifestó que la Corte Penal Internacional “no va a caer en esta farsa de la dictadura” y que las investigaciones por crímenes de lesa humanidad contra la dictadura de Nicolás Maduro van a continuar.