El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que el estado analiza la posibilidad de presentar cargos penales estatales contra Nicolás Maduro, en una iniciativa que se sumaría al proceso federal abierto en Nueva York y que podría marcar un precedente legal y político en Estados Unidos.
DeSantis propone acción legal estatal contra Maduro tras su captura
La afirmación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de que el estado evalúa presentar cargos estatales contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, además del proceso federal en Nueva York, se produjo el 6 de enero de 2026 durante una conferencia de prensa en Clearwater, Florida.
En declaraciones a medios como Fox News, DeSantis señaló que la Oficina del Fiscal General de Florida está “mirando muy seriamente” la posibilidad de iniciar una causa penal en tribunales del estado, como Miami o Doral, aprovechando estatutos locales sobre narcóticos, inmigración y otros delitos que, según él, han afectado a la población de Florida.
Estas declaraciones se dan en un momento de alta tensión política, luego de que días antes, en una operación ordenada por el gobierno de Estados Unidos, Maduro fuera capturado en Caracas y trasladado bajo custodia a Nueva York, donde enfrenta una acusación federal por narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas.
DeSantis argumentó que una acción legal estatal no solo complementaría el caso federal, sino que tendría un enfoque distinto: responsabilizar a Maduro por acciones que, a su juicio, han tenido impacto directo en comunidades de Florida, incluidas supuestas vinculaciones con el tráfico de drogas y la liberación de reclusos vinculados a bandas criminales.
Implicaciones legales y políticas de una causa estatal
La propuesta de DeSantis de que Florida pueda iniciar su propia causa penal contra Maduro demuestra una estrategia política y jurídica sin precedentes.
Tradicionalmente, los casos de narcotráfico o crimen transnacional con vínculos internacionales son manejados por la jurisdicción federal, particularmente cuando los acusados son líderes extranjeros enfrentando cargos como conspiración internacional o narcoterrorismo.
Sin embargo, expertos legales han señalado que presentar cargos estatales contra un individuo ya procesado a nivel federal enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos cuestiones sobre la supremacía del derecho federal y desafíos prácticos para demostrar una conexión directa entre las acciones de un jefe de Estado extranjero y delitos concretos dentro de Florida.
En el plano político, la iniciativa de DeSantis ha sido interpretada como parte de un esfuerzo por enfatizar la seguridad fronteriza y las consecuencias para los estados que reciben inmigración o narcóticos ligados a regímenes autoritarios.
De acuerdo a lo que dice un artículo del Diario Las Américas, críticos advierten que avanzar con cargos estatales en un contexto tan complejo podría abrir debates sobre jurisdicción internacional, la doble persecución (dual sovereignty) y las relaciones exteriores entre Estados Unidos, Venezuela e incluso terceros países involucrados en el conflicto.