En los últimos meses, distintas ciudades de Estados Unidos han sido escenario de operativos migratorios llevados adelante por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Chicago y Los Ángeles figuran entre los principales puntos donde se desplegaron estas acciones, que se desarrollaron en barrios con alta presencia de comunidades extranjeras.
Los operativos se realizaron en horarios diversos, los cuales incluyeron visitas a domicilios y redadas en espacios públicos. En algunos casos, ciudadanos estadounidenses también fueron detenidos durante los procedimientos. La dinámica de estas acciones se ha vinculado con una disposición legal que, aunque vigente desde hace décadas, no está en el conocimiento popular.
Se trata del artículo 111 del título 18 del Código de Estados Unidos, que establece sanciones para quienes agredan, resistan o se opongan a funcionarios federales en el ejercicio de sus funciones. La norma contempla penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta.
En el contexto de los operativos migratorios, esta disposición ha sido utilizada por agentes del ICE para justificar detenciones, incluso en situaciones en las que no se trataba de delitos migratorios en sentido estricto.
Para que se considere que alguien cometió un delito bajo esta sección, debe haber usado la fuerza o haber amenazado con su uso a un oficial mientras cumple con sus deberes, por ende, cada caso se define de forma particular.
Esta práctica se intensificó a mediados del año pasado, cuando las redadas se concentraron en grandes ciudades. Por ejemplo, escenas de confusión en barrios como South Loop, donde personas que acudieron a lo que creían sería una revisión rutinaria de sus casos migratorios terminaron detenidas por agentes del ICE.
Sin embargo, CNN ha reportado arrestos de ciudadanos por grabar videos de los oficiales en la vía pública, seguir sus vehículos, tocar la bocina o gritar advertencias para alertar a la comunidad migrante sobre su presencia, lo cual no implica directamente una amenaza a la integridad de los agentes ni se apela al uso de la fuerza.
Según el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, estas tácticas fueron condenadas públicamente, aunque las autoridades federales sostuvieron que se ajustaban a la normativa vigente. Asimismo, algunos migrantes con procesos judiciales pendientes podrían volver a ser detenidos mientras esperan sus audiencias, lo que incrementa la incertidumbre en las comunidades afectadas.
La aplicación del artículo 111 en este contexto ha generado debate sobre el alcance de las facultades de las agencias federales. Los casos registrados en Los Ángeles y Chicago (donde más del 70 % de las denuncias hechas por ICE quedaron rechazadas en primera instancia) prueden significar un abuso a la ley. Según expertos juristas, el artículo ataca actividades protegidas por la primera enmienda, como la libertad de expresión y protesta.