El condado de Orange reduce cupos de detención de ICE y un proyecto del Congreso propone congelar agentes.
Florida pone límites a ICE
A partir del 1 de marzo de 2026, el condado de Orange, en Florida, aplicará cambios sustanciales en su cooperación con ICE tras años de presión por el alto número de detenidos migrantes en la cárcel local.
El alcalde Jerry Demings anunció que el acuerdo con ICE incluirá ahora límites estrictos al número de personas que el condado podrá alojar sin cargos criminales locales: máximo 66 hombres y 64 mujeres, bajo un solo periodo continuo de detención de hasta 72 horas.
Asimismo, se eliminará la práctica de rebooking, que consistía en liberar a un detenido y volverlo a ingresar para reiniciar el conteo del plazo de 72 horas.
Según el alcalde, estas medidas responden a la saturación de las instalaciones, la falta de recursos y problemas de capacidad, y buscan ordenar el proceso sin terminar completamente la cooperación con el gobierno federal.
Aunque la anterior fórmula permitía, en promedio, 94 hombres y 20 mujeres, el nuevo límite totaliza 130 plazas, ligeramente más que las 114 permitidas antes, lo que refleja un ajuste más que una reducción absoluta.
Organizaciones pro‑inmigrantes han aplaudido el giro como un primer paso hacia un manejo más humano del sistema de detención, aunque mantienen que persisten problemas estructurales que no se resuelven solo con topes numéricos.
Este cambio llega en un contexto de cifras históricas: organizaciones de derechos humanos han documentado un aumento récord en la detención de migrantes en EE.UU., con promedio diario de más de 56.000 personas en 2025, muy superior a años anteriores, y con condiciones de hacinamiento y denuncias de abusos en varios centros del país, incluidos aquellos de Florida.
Capitolio: proyecto para frenar la expansión de ICE
A nivel federal, el clima político también refleja crecientes tensiones sobre el futuro de la agencia.
En el Congreso de Estados Unidos, legisladores demócratas han presentado un proyecto de ley que buscaría congelar la contratación de nuevos agentes de ICE como parte de un paquete más amplio de reformas a las políticas migratorias.
Aunque la cámara continúa negociando sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), diversas iniciativas planteadas recientemente incluyen propuestas dirigidas a restringir la expansión del aparato de inmigración federal.
El plan de frenar contrataciones surge en medio de intensos debates tras incidentes de alto perfil, como la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales durante operativos en Minneapolis, que han reavivado cuestionamientos sobre tácticas de enforcement, transparencia y rendición de cuentas.
Aunque detalles de la iniciativa específica aún se encuentran en desarrollo, la propuesta para congelar la contratación de agentes se alinea con otras medidas que buscan reformular el papel de ICE o limitar su capacidad operativa, incluyendo proyectos más ambiciosos como la abolición total del cuerpo o mayores requisitos de supervisión y transparencia.
Partidarios de estas reformas argumentan que la expansión masiva de agentes ha llevado a un crecimiento desproporcionado de las detenciones sin resultados claros en términos de seguridad pública.
Por el contrario, defensores de ICE y de las políticas migratorias más estrictas sostienen que más personal permite reforzar la aplicación de la ley migratoria, responder a flujos más altos de personas en situación irregular y agilizar procesos de deportación. La secretaria del DHS ha defendido públicamente la necesidad de recursos y personal adecuados para cumplir con los mandatos legales actuales.