Home

Nación

Artículo

La Contraloría reveló una serie de presuntas irregularidades sobre los bienes incautados por la DNE. | Foto: Archivo SEMANA

Judicial

14.150 millones de pesos, las cuentas que no cuadran en la Sociedad de Activos Especiales

Esta entidad reemplazó a la tan cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

25 de enero de 2022

Seis hallazgos fiscales por un valor cercano a los 14.500 millones de pesos en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) encontró la Contraloría General. La SAE fue la entidad que reemplazó a la tan cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) que fue intervenida por los malos manejos de los bienes incautados a la mafia.

El organismo de control fiscal señaló que los mencionados hallazgos “se dan por faltas” en la “supervisión, seguimiento y control a la gestión desarrollada por depositarios provisionales que administran seis sociedades”. Tras la revisión del caso, la Contraloría advirtió que, en muchos casos, las gestiones adelantadas por los depositarios provisionales han sido deficientes, negligentes, antieconómicas, inoportunas, ineficientes e ineficaces.

Las sociedades y establecimientos de comercio que administra la SAE se encuentran en los departamentos del Valle del Cauca, Magdalena y Bogotá. Para la agencia especial de la Contraloría, se presentaron reiteradas y fallas constantes en administración, supervisión y control.

Entre las sociedades que presentan irregularidades se encuentran:

- Sociedad Gran Muelle: hallazgo fiscal por 5.319 millones de pesos, por cánones de arrendamiento vencido. Esto produjo un deterioro de la cartera sin que se hubieran dado las gestiones o acciones correspondientes para la recuperación efectiva de la misma.

- Sociedad APVA, hallazgo fiscal por 5.689 millones de pesos, por la misma situación anterior: cánones de arrendamiento vencidos que deterioraron la cartera. La Contraloría advirtió que en este caso se pedirá una investigación de carácter disciplinario y penal por deterioro de cartera efectuado a uno de los arrendatarios (Intenalco), que a través de un requerimiento informó a la Contraloría que efectivamente dio cumplimiento al pago de los cánones de arrendamiento castigados no observándose el ingreso de estos a la sociedad APVA.

Esta situación, que afectó la productividad de la sociedad llevándola a pérdidas económicas, en concepto del ente de control fue causada por una deficiente administración por su depositario provisional y una incompleta supervisión, control y seguimiento de la SAE.

- Sociedad Vaselinas Industriales de Colombia, hallazgo fiscal por 36.805.000 pesos por pago de intereses de mora y retenciones en la fuente, hecho que refleja una inadecuada administración de la sociedad, pues se inobservó lo establecido en el régimen tributario en el sentido de que “los impuestos sobre los bienes que se encuentran en administración o a favor del Frisco no causan intereses remuneratorios ni moratorios durante el proceso de extinción de dominio”.

- Sociedad Valle Nevado, hallazgo fiscal por 33.870.000 pesos por concepto de intereses moratorios, sanciones por extemporaneidad y multas de la Dian y Secretaría de Hacienda de Bogotá, incumpliendo también el régimen tributario.

- Sociedad Inversiones Camacho Estupiñán, hallazgo fiscal por 3.312.464 pesos por multa de la Superintendencia de Sociedades, pago que se realizó con cargo a la productividad de la sociedad y que es producto de una ineficiente administración del depositario provisional y falta de seguimiento, control y supervisión de la SAE.

- Sociedad Typsa, hallazgo fiscal por 3.068 millones de pesos, dado que a través de su depositario provisional castigó cartera sin haber adelantado las acciones correspondientes para la recuperación efectiva de la misma por valor de 3.068.242.552 pesos. Este hecho afectó las utilidades de la sociedad y produjo una disminución del patrimonio de la misma del 109 %, situación que refleja una inadecuada administración de la sociedad e inobservancia de lo establecido en su política contable.

En el informe realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia se advierte que la SAE no ha ejercido de manera eficiente, eficaz y oportuna su obligación de supervisión, seguimiento y control a la gestión administrativa, financiera, contable y jurídica desarrollada por los depositarios provisionales que administran las sociedades que fueron objeto de revisión y análisis en la Actuación Especial de Fiscalización.

Esto se traduce en un incumplimiento del objeto social y productividad de algunas de las sociedades bajo su administración. Las sociedades revisadas y analizadas están siendo administradas bajo la figura de depósito provisional.

En el documento se precisa que de acuerdo con la muestra revisada y analizada se determinó que de 23 sociedades activas en proceso de extinción de dominio, ocho son improductivas y 15 están cumpliendo con su objeto social y son productivas, de las cuales tres (Sanar, Macedonia Ltda. y Creta S.A). transfirieron recursos de utilidades al Frisco, en el año 2021.

Frente a esto se tildó de deficiente, negligente, antieconómica, inoportuna, ineficiente e ineficaz el trabajo y las acciones de productividad de las sociedades que administran, presentándose el riesgo de disolución y liquidación de las mismas.

“De los 38 hallazgos administrativos detectados, 33 presentan presunta incidencia disciplinaria, una connotación penal, y seis son de carácter fiscal por 14.150′899.971 pesos, y hay dos con otras incidencias”, precisa la Contraloría en un comunicado.

El organismo reclama que pese a que la SAE asumió hace ocho años su función como administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), aún no cuenta con información clara y completa, relacionada con el estado de los inventarios de las sociedades activas en proceso de extinción de dominio y establecimientos de comercio que fueron recibidos en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la cual fue intervenida en el año 2014 por los malos manejos.