En junio de 2026 y al despacho de la juez de control de garantías, Miriam Alcira Martínez, llegó una solicitud de libertad mediante un habeas corpus y en favor de un ciudadano de Países Bajos, requerido en extradición por el delito de narcotráfico.
El trámite parecía normal; sin embargo, y luego de una investigación de la Fiscalía, se logró establecer que hubo un acuerdo criminal entre la juez Martínez, un funcionario de la judicatura, Waldo Garavito Mejía, y una abogada, Emperatriz Herrera Cuenca, para favorecer al narcotraficante.
“La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico”, señaló el ente acusador.
Como resultado de la investigación, una fiscal de la dirección contra la corrupción solicitó a otro juez las órdenes de captura en contra de su colega de control de garantías, el funcionario de la judicatura y la abogada, que se hicieron efectivas en la tarde de este martes 27 de octubre.
$600 millones: esa fue la cifra fijada para que una jueza firmara la boleta de libertad del neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/b9Lw74evoU
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
“Estas personas, señaladas de articular sus actuaciones para que el extranjero quedara en libertad mediante un habeas corpus, fueron capturadas por servidores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota (Cundinamarca)”, advirtió la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.
Los elementos de prueba que recaudó la Fiscalía advierten que el 4 de junio la abogada llegó hasta el despacho de la juez para concretar el acuerdo criminal que incluía habeas corpus con la libertad para el extraditable y ese mismo día se entregaron 600 millones de pesos en efectivo, correspondiente al 50 por ciento de la negociación.
“Para la Fiscalía, Martínez López carecía de competencia para resolver la solicitud y no podía asumir el conocimiento de la acción. Finalmente, el 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la decisión, por lo que Van der Voort continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites de extradición”, explicó la Fiscalía.
Luego de legalizar las capturas, la fiscal de la Dirección contra la Corrupción imputó cargos por prevaricato por acción en contra de la juez, tras advertir que la evidencia resulta suficiente para una inferencia de autoría de responsabilidad o participación.