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Así se pactó el soborno para que una jueza dejara libre a ciudadano neerlandés requerido en extradición

Jozef Marcus Hendrika Van der Voort era solicitado por las autoridades de su país por delitos relacionados con el narcotráfico.

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28 de octubre de 2026 a las 5:34 p. m.
Foto referencial de la Rama Judicial.
Foto referencial de la Rama Judicial. Foto: Guillermo Torres / Semana

El 15 de febrero de 2026, atendiendo una circular roja de Interpol, las autoridades colombianas capturaron con fines de extradición al ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van Der Voort, quien era requerido por el Reino de los Países Bajos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Una jueza de control de garantías de Bogotá fue capturada por favorecer a un ciudadano holandés requerido en extradición.
Una jueza de control de garantías de Bogotá fue capturada por favorecer al ciudadano neerlandés requerido en extradición. Foto: Rama Judicial

Tras verificar su plena identidad y los hechos que motivaron su detención, fue recluido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, mientras la Corte Suprema de Justicia evaluaba la petición firmada por el juzgado de instrucción del Tribunal Oberiesel del Reino de los Países Bajos por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Estando en reclusión, sus abogados presentaron dos recursos de habeas corpus reclamando su libertad inmediata, alegando vulneraciones al debido proceso; sin embargo, estos fueron rechazados.

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En mayo, “en un nuevo intento por lograr su libertad”, presentó otro recurso. Para evitar recibir una respuesta negativa, la abogada Emperatriz Herrera Cuenca contactó a una jueza de control de garantías de Bogotá y un funcionario judicial en el complejo judicial de Paloquemao, con el fin de desviar el reparto y garantizar que llegara al despacho que ya había sido acordado.

El objetivo era ofrecer un millonario soborno para que la jueza avalara el recurso judicial y firmara una boleta de libertad a favor del neerlandés. La investigación de la Fiscalía General indica que se pactó una entrega de 1.200 millones de pesos.

“El jueves 4 de junio de 2026, aproximadamente a las 9 y 50 de la mañana, la doctora Emperatriz Herrera Cuenca llega al bloque E, piso 2 del complejo judicial de Paloquemao (…). Ingresa a la oficina del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, donde es atendida personalmente por la jueza, la doctora Myriam Alcira Martínez López”, indicó la fiscal.

“Durante la reunión y en videollamada con el detenido Van der Voort, le explican ambas que siguen en curso con lo pactado. La juez de manera directa le confirma a Van der Voort con gestos y palabras que mañana 5 de junio le entrega la boleta de libertad. En la misma reunión se da el acuerdo de pago parcial de 600 millones de pesos como entrega del 50 % de la suma de dinero ofrecida a los servidores públicos a cambio de la libertad”, añadió.

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La reunión dentro del despacho se extendió por 30 minutos.

“Aproximadamente a las 10 y 22 horas, la abogada y Miriam Martínez López salen del complejo judicial hacia la calle 19 con el propósito de entregar para el caso de la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y de recibir para el caso de la juez Myriam Martínez López ese 50 % del dinero ofrecido a ella como juez y al servidor encargado del reparto. Se pacta que el dinero restante, es decir, el 50 % que falta, se entregará al momento del otorgamiento de la libertad. El 5 de junio de 2026, según lo acordado, la doctora Myriam Alcira Martínez López, servidora pública y en su rol de juez de garantías, elabora un documento denominado Formato de Boleta Libertad con fecha del 5 de junio de 2026 con número de boleta 235 y va dirigido a Comep Penitenciaría La Picota con los datos biográficos de Van der Voort con la firma de Myriam Martínez López, juez 77 de garantías”, explicó la fiscal del caso.

Dicha orden de libertad fue revocada en segunda instancia después de que un juez de conocimiento encontrara que no existían motivaciones judiciales para que el ciudadano neerlandés quedara libre.

La Fiscalía General les imputó los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica y prevaricar por acción.