Por solicitud de la Fiscalía fueron enviados a prisión cuatro presuntos responsables del incendio a un bus de TransMilenio, ocurrido el 24 de mayo último, en el Portal de San Mateo de esta localidad.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos pasadas las 3:00 de la madrugada, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar piedras y palos con el fin de bloquear la movilidad del articulado.
Según los testimonios recolectados, en medio de los actos vandálicos, uno de los procesados habría sido el encargado de extraer la gasolina del autobús, y luego junto con otros de los judicializados al parecer procedieron a incendiarlo.
“Las labores investigativas adelantadas por la Seccional de Fiscalías de Cundinamarca señalan que, luego de cometidos los hechos, estas personas habrían hurtado láminas y partes del articulado, las cuales se presume fueron vendidas en el mercado de repuestos en los establecimientos comerciales del municipio en mención”, indicó la Fiscalía.
De acuerdo con la Fiscalía, las personas enviadas a prisión fueron: Julián Camilo Rengifo Cuy, alias Carmenzo, Andrés Felipe Fernández Espinoza, alias Trampa, Edwin Alejandro Hurtado Espinoza, alias Pulga, Leonardo Muñoz León, alias Leo.
La Fiscalía les imputó los delitos de incendio en concurso simultáneo con hurto calificado y agravado.
Por otra parte, dos personas fueron vinculadas penalmente como posibles responsables del incendio al peaje El Roble en Sesquilé. Según la Fiscalía, por estos hechos son investigados Andrés Felipe Castiblanco, Alias Chinche, y Carlos Eduardo Cruz Alias Loco, a quienes durante audiencias le fueron imputados los delitos de terrorismo, obstrucción de vías y perturbación de transporte público, e incendio.
El ente acusador indicó que los hoy procesados son los presuntos responsables del incendio al peaje de El Roble, en hechos ocurridos el pasado primero de mayo en Sesquilé (Cundinamarca). Los daños ocasionados a este lugar fueron calculados en más de $927 millones.
“Como elementos materiales de prueba fueron aportadas imágenes obtenidas en las cámaras de seguridad del sector, registros fotográficos, entrevistas a testigos y labores de vecindario. Por determinación del juez, los detenidos fueron remitidos a la cárcel de Chocontá”, señaló la Fiscalía.
La semana pasada el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la creación de un cuerpo especial de 20 personas de inteligencia para ubicar a quienes cometieron actos de vandalismo contra el sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá.
El alto funcionario dijo que una de las prioridades de este equipo será capturar a quienes quemaron un bus nuevo del SITP el lunes en la localidad de Suba.
Molano señaló que no se permitirá que los delincuentes atenten contra la tranquilidad de los ciudadanos y recordó que hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de esta acción violenta.
“Por supuesto esas investigaciones también profundizarán para saber quién los está financiando para cometer estos actos de destrucción de bienes públicos y privados de todos los colombianos, en especial teniendo en cuenta el grave acto de ayer en Bogotá, por eso presentamos hoy el plan de búsqueda, captura y judicialización de todos aquellos que afectan los sistemas de transporte público como el caso de Transmilenio. Este plan tiene el propósito de desarrollar en la ciudad de Bogotá un grupo especial de 10 miembros de policía judicial, además de 10 de inteligencia del equipo especial de operaciones”, explicó el ministro Molano.
Agregó que autoridades advirtieron la manera como este lunes “un grupo de vándalos destruyeron un bus nuevo que se ponía al servicio de transporte de la ciudad, ahí están los impuestos de todos los colombianos, se ven afectados todos los bogotanos que buscan volver a sus hogares, ir a las universidades o regresan del trabajo. No se puede permitir que un grupo de vándalos permanentemente ataquen o secuestren los buses”.
Así mismo, recordó que por estas personas se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Dijo Molano que en otra parte del mundo estas acciones contra el servicio público serían consideradas como actos de terrorismo.