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Abogado de víctimas del paro nacional rechazó decisión de Fiscalía sobre exministro de Defensa

El órgano de control determinó que no se extralimitó en sus funciones al ordenar medidas para controlar la situación en Cali.


En un documento de 31 páginas, la Fiscalía General ordenó el archivo de la investigación que se adelantaba en contra del entonces ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por los hechos que se presentaron durante las manifestaciones del paro nacional en la ciudad de Cali, en el año 2021.

Tras evaluar la denuncia presentada por dos abogados penalistas, el ente investigador determinó que no existían méritos para investigar a Molano por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales, desaparición forzada, tortura y terrorismo.

El fiscal del caso advirtió que existió una atipicidad en la conducta de los hechos por los que fue denunciado el entonces jefe de la cartera de Defensa: “(…) no existen elementos de convicción que permitan predicar que su comportamiento haya sido típico respecto a las conductas señaladas por los denunciantes, pues llevó a cabo todas las actividades tendientes a dar cumplimiento a los deberes que le eran exigibles”.

Ante esta decisión, el abogado de varias víctimas del paro nacional, Elmer José Montaña Gallego, se pronunció en las últimas horas a través de un video que publicó en su Twitter; indicó que esta determinación la tomó el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Nosotros presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, acreditada y respaldada con elementos materiales de prueba, informes, evidencias y videos que muestran que miembros de la Policía Nacional atacaron a manifestantes ocasionándoles heridas graves a más de un centenar y la muerte a alrededor de 40 personas que participaban en las protestas; por estos hechos están siendo en este momento juzgados el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el comandante del Goes y un patrullero”, señaló Montaña.

El abogado penalista indicó que la Corte Suprema de Justicia se limitó a consultar el actuar de Diego Molano a sus subalternos. “Todos dijeron que había actuado conforme a la Constitución y a la ley. Con fundamento en eso y unos documentos que recogió del mismo Ministerio de Defensa se ordenó el archivo de estas diligencias”, manifestó Elmer.

Por lo anterior, dijo que se trata de “un acto de impunidad” que no va a permitir. En ese sentido le solicitará a un juez de Control de Garantías el desarchivo de esa investigación para que se continúe adelantando, según él, en debida forma con la veeduría de organismos internacionales.

“Vamos a publicar el contenido íntegro de la decisión del Fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien nos prohibió que hiciéramos difusión del mismo sin tener ningún respaldo legal para ello, de manera que las personas que estén interesadas en el contenido de esta decisión que a nosotros nos parece que es un prevaricato la pueden consultar”, aseveró.

En contraste con los hechos denunciados, el delegado del ente investigador explicó que se tomaron las acciones necesarias para controlar las manifestaciones que ponían en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos, así como medidas para evitar que los enfrentamientos entre las personas que protestaban y los agentes de la Fuerza Pública pasara a mayores.

En la resolución se indica que Molano, pese a lo dicho, no faltó a la verdad cuando comunicó sobre los operativos que se adelantaban: “(…) el ministro de Defensa Nacional no omitió el comportamiento mandado por el ordenamiento jurídico, razón por la cual no le es atribuible ninguna de las conductas señaladas”.

Los elementos materiales recopilados indican que nunca se demostró que el ministro de Defensa hubiera “usurpado” las funciones de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, o el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cuando se tomaron las medidas para blindar la ciudad y evitar más protestas, puesto que siempre actuó por línea de mando a través de órdenes del presidente Iván Duque Márquez, “con apego a la ley y las necesidades advertidas”.

“Tomó las medidas requeridas para evitar la afectación de los bienes jurídicos tutelados, que fueron vulnerados no por su omisión o incapacidad de acción, sino por algunos violentos que actuaron al margen de la ley”, precisa la decisión al hacer referencia a la compleja situación que se estaba presentando en ese momento y los graves daños que se estaban causando por las protestas en Cali.

Frente a esto, se aplicaron los protocolos establecidos por recuperar el orden público y en ningún momento se presentó un exceso de la fuerza. Incluso, la mayoría de estas acciones se hicieron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los mismos informes de prensa reseñan bloqueos en las vías, acciones contra la población ajena a las marchas, hurtos y daños a establecimientos comerciales, obligaron a tomar medidas de fondo y abrir investigaciones de tipo penal.