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Alarmante cifra de hacinamiento: en las URI sobrecupo llega al 174 %, según Asocapitales

Este martes el país amaneció en medio de la conmoción por la muerte de 51 personas, producto de un incendio en la cárcel de Tuluá.


La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) le hizo este martes un vehemente llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas prontas que permitan apaciguar el alarmante hacinamiento carcelario en el país, a propósito de la muerte, esta madrugada, de 51 presos del centro penitenciario de Tuluá, Valle del Cauca, luego de que se presentara un incendio.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, reveló que la hipótesis que se maneja es que la conflagración se originó luego de una riña entre dos presos. “Uno de los involucrados en la riña prendió fuego a una colchoneta y esto generó el incendió que dejó el trágico saldo”.

“Fue una discusión de internos que termina generando la conflagración. El personal de guardia trató de controlar las llamas y luego tuvo que intervenir el Cuerpo de Bomberos del municipio. Hay seis personas en unidad de cuidados intensivos”, señaló el ministro.

El alto funcionario explicó que este centro es de los que menores índices de hacinamiento registran en todo el país con una cifra de 17,2 %.

Estas explicaciones, no obstante, no dejaron satisfechos a los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, quienes pusieron de manifiesto la grave situación de hacinamiento que se vive en el país.

De acuerdo con Asocapitales, el sobrecupo en las cárceles es del 20,2 % y en las estaciones de policía y URI llega al 174 %.

“Durante dos años, Asocapitales ha venido trabajando en un borrador de Proyecto de Ley con el fin de solucionar la crisis de hacinamiento carcelario relacionado con la población sindicada. Sin embargo, las acciones y decisiones tomadas por la Cartera de Justicia, terminaron trasladando esta crisis a las estaciones de Policía y URI del país donde hoy se hace evidente una preocupante sobrepoblación”, señaló la asociación en un comunicado.

El pronunciamiento de los alcaldes agrega que a través de la Ley de Seguridad Ciudadana - sancionada en enero - se instó al Ministerio de Justicia, en coordinación con los gremios de las entidades territoriales, a radicar una iniciativa para solucionar la problemática de hacinamiento que debió presentarse al Congreso de la República el pasado 28 de mayo sin que esto hubiera ocurrido.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) pidieron a los familiares de los sobrevivientes mantener la calma, pues aseguran que los reclusos “están contados y reseñados”.

Los reclusos que estaban en los demás pabellones, es decir ubicados fuera del ocho, que es donde ocurrió la tragedia, están “en perfecto estado”.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un nuevo informe sobre los sobrevivientes e información constatada sobre las, hasta ahora, 51 víctimas.

Desde la Defensoría del Pueblo dijeron que a pesar del hacinamiento no había alertas de fugas o motines que estuvieran fraguándose dentro de la cárcel.

El motín se originó cuando hacia las 2:00 a. m. los reclusos prendieron fuego a las colchonetas en las que dormían, dando lugar al incendio, y luego iniciaron a una riña, al parecer, por disputas internas.

José Martín Hincapié, personero delegado de derechos humanos de Tuluá, dijo que la tragedia ocurrió en medio de un “intento de fuga y posteriormente se dio el incendio cuando tratan de controlar el intento de fuga, eso es lo que habría causado los fallecimientos”.