Un nuevo avance se produjo alrededor del caso de Roxxy Vanessa Astaiza Mosquera, lideresa trans y fuerte defensora de los derechos humanos de la población LGBTI+.
La Fiscalía General confirmó que presentó ante un juez de control de garantías a Johnny Stheban Salamanca Reyes, presunto responsable de la muerte de Roxxy, ocurrida el 17 de septiembre en Popayán (Cauca).
El suceso ocurrió mientras la víctima transitaba por una vía, cuando fue abordada por Salamanca y su compañera sentimental.
Las autoridades han logrado recoger evidencias según las cuales, la pareja habría perseguido a la lideresa y, al alcanzarla, la habrían atacado con un arma cortopunzante.
Las investigaciones adelantadas hasta ahora habría establecido que Roxxy Vanessa había sido amenazada por los presuntos agresores. Previo al ataque, la pareja en mención, presuntamente contactó a la lideresa trans, para advertirle que debía abandonar la zona en la que laboraba y le advirtió que de no hacerlo sería asesinada, según señala la Fiscalía a través de un comunicado.
La negativa de la lideresa, quien hacía parte de un colectivo dedicado a la defensa de los derechos humanos y era candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Cauca, al parecer hizo que se cumpliera la amenaza.
Salamanca Reyes fue capturado por uniformados de la Policía Nacional, mientras que un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó.
Ahora, el juez de control de garantías dispuso que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las labores de policía judicial continúan para dar con otros posibles involucrados en el crimen.
La lideresa Astaiza, tras el enfrentamiento, ocurrido en en un barrio de Popayán, sufrió heridas graves.
Inicialmente, el hecho pareció ser una riña y Roxxy Vanessa fue trasladada a un centro asistencial donde fue atendida, pero posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Hay que señalar que un imputado por delitos es puesto a ordenes de un juez de garantías para proteger sus derechos fundamentales y revisar que su captura y el proceso inicial de la Fiscalía se hayan realizado bajo los estrictos cumplimientos de la ley.