Esposado de pies y manos, con un overol de color café, con rayas naranjas a los costados, con tenis blancos y negros, y con el pecho protegido por un chaleco antibalas y la cabeza con un casco de kevlar, fue la extradición de Andrés Rojas, alias Araña, hacía los Estados Unidos, para que responda ante las autoridades extranjeras por delitos relacionados con narcotráfico.
Araña se convierte en el primer gran capo criminal que extradita el presidente Abelardo De La Espriella. El impacto de este caso no es menor. Rojas fue uno de los mayores criminales protegidos por la Paz Total del expresidente Gustavo Petro.
La Fiscalía recientemente le imputó a Araña cargos por 16 homicidios, reflejando que el cabecilla de Los Comandos de frontera una de las tantas disidencias de las Farc que se crearon en el gobierno Petro, había usado la Paz Total para mantener su actuar ilegal.
Las víctimas de Araña y su grupo sanguinario fueron líderes sociales, población que el entonces candidato presidencial Gustavo Petro prometió proteger. Pero los escándalos de Araña y la Paz Total fueron mayúsculos.
No se puede olvidar el bochornosos capítulo en el primer trimestre del 2025, cuando el gobierno Petro hizo toda clase de maniobras para impedir la captura por parte de la Fiscalía de Araña.
El plan para entorpecer la labor de la Fiscalía estuvo a cargo del entonces comisionado de Paz, Otty Patiño, y Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con las disidencias de las Farc.
Pero a medida que se revisaba el caso de Araña, un nuevo capítulo era más escandaloso que el anterior. SEMANA reveló que el jefe de Los Comandos de Frontera, había sido designado como gestor de paz, que le generó múltiples beneficios.
Entre ellos, que el gobierno Petro suspendiera su extradición a Estados Unidos. Lo alojara en un lujoso, lo que le representó el alias de Araña el narco VIP. Para las autoridades colombianas y norteamericanas, Rojas, no es más que un narco puro, dedicado al tráfico de cocaína en grandes cantidades.
Según las fuentes judiciales, Araña inició su actuar mafioso en ‘Los Rastrojos’, un brazo armado de las extintas AUC. Luego asumió como jefe de sicarios del grupo delincuencial organizado ‘La Constru’, que delinquía en el sur del país.
Las autoridades judiciales lo condenaron a 29 años de prisión en 2010 por homicidio y extorsión, tras ser designado gestor de paz en 2016 durante los diálogos con las extintas FARC-EP, obtenido libertad condicional pero continuó delinquiendo, demostrando que ha sido reiterativo en burlarse del Estado que le ha dado concesiones como ocurrió con Petro.
Las deudas pendientes con Estados Unidos son con la Corte para el Distrito Sur de California, por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Su detención con fines de extradición se hizo efectiva el 12 de febrero de 2025 en un hotel de Bogotá, mediante una Notificación Roja de Interpol.