Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como Lobo Menor, que fue señalado como autor del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, sería deportado desde Bogotá a Ecuador en las próximas horas.

Gustavo Salazar Pineda, apoderado y presidente del Bufete de Penalistas del ciudadano ecuatoriano, se pronunció tras el inusual proceso exprés y cuestionó el proceso.

“Profundas vulneraciones a los derechos fundamentales de nuestro patrocinado se están cometiendo, en virtud de que se ha decidido por parte de Migración Colombia el traslado a la República de Ecuador”, dice inicialmente en un comunicado.
Salazar Pineda fue enfático en mencionar que “no se ha puesto en conocimiento a los apoderados de esta decisión, violando el debido proceso administrativo, ya que la expulsión se ordenó por parte de la Presidencia de la República, directamente de Gustavo Petro Urrego, y se está desarrollando de manera acelerada y expedita, lo que la torna arbitraria”.
Y agrega: “Se le está violando el derecho a la defensa, a la contradicción y demás derechos que no pueden ser desconocidos ni siquiera en los estados de excepción”.
Este sujeto es considerado uno de los sicarios más peligrosos del mundo y tiene circular roja de Interpol. Según se conoció, se encontraba en Colombia estableciendo lazos criminales y salió desde el aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, rumbo a México, donde fue capturado y de inmediato regresado a Colombia.

“De ser trasladado este ciudadano, se está poniendo en peligro su vida, ya que es público y notorio que todas las personas que han sido vinculadas al proceso judicial como consecuencia de la lamentable muerte del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, han sido asesinadas en las cárceles del vecino país”, se lee en el comunicado.
El apoderado de Lobo Menor dio a conocer que ya interpuso una acción de tutela frente a esta situación.
“Lo que representa una falta de garantías mínimas para la protección de la vida del ciudadano Ángel Esteban Aguilar Morales. Se informa que este equipo jurídico ha presentado una acción de tutela constitucional con el fin de proteger la vida, integridad física y debido proceso con miras a suspender cualquier medida que represente el traslado del mismo al estado de Ecuador”, puntualiza Salazar Pineda.
