Así será la estrategia de Uribe para tratar de retener el poder en el 2022

En libertad, Álvaro Uribe tiene dos tareas por delante: su defensa judicial y la campaña presidencial de 2022, a la que cada día le dedica mayores esfuerzos. El uribismo atraviesa por una crisis de popularidad, debido al desplome de la imagen del expresidente y la desfavorabilidad del Gobierno.

Pero el líder del Centro Democrático decidió destapar sus cartas para las próximas elecciones. Se trata de los 13 puntos de un referendo que acaba de proponer, pero que no va a prosperar por muchas razones, como la cantidad de votos requerida para que una iniciativa como esa tenga éxito. Además, nadie en Colombia está pensando hoy en un referendo, sino en cómo salir adelante en medio de la catástrofe económica y social del coronavirus.

Uribe intenta imponer desde ya la agenda de la campaña de 2022 con un referendo al que le colgó de todo: desde eliminar la JEP y unificar las altas cortes, una obsesión del uribismo, hasta proteger la Amazonia, pasando por disminuir el tamaño del Congreso. Los 13 puntos resumen el programa que les ofrecerá el uribismo a los votantes en 2022.

En la campaña de 2018, cuando ganó Iván Duque, el Centro Democrático insistió en la inconveniente tesis de acabar con la JEP, la piedra angular del acuerdo de paz con las Farc. Por cuenta de esta propuesta, el Gobierno sufrió un desgaste monumental en el Congreso. Duque dilapidó un tiempo valioso para sacar adelante otros proyectos y al final salió derrotado. Un segundo intento tampoco cuajó y ahora, mediante un referendo, el uribismo quiere volver a la carga.

Derogar la JEP es el punto más polémico y llega justo cuando la justicia transicional empieza a mostrar resultados y cuando el país comienza a considerar su existencia fundamental para esclarecer los horrores de la guerra y conocer la verdad. Si no existiera este tribunal, difícilmente el país sabría que las Farc asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, una hipótesis que nunca barajó la justicia ordinaria durante 25 años.

Hasta ahora, la JEP avanza en siete grandes casos, más de 308.000 víctimas se han acreditado y 12.617 personas se han sometido entre exguerrilleros de las Farc, militares y terceros civiles. La causa de sepultar la JEP solo une al uribismo radical y no logra respaldos en otros sectores.

“La JEP puede requerir algunas reformas, ajustes o mejoras, pero siempre en la línea de fortalecerla y legitimarla y no de exterminarla o agredirla. Si la JEP no existiera habría que inventarla, si de verdad creemos que el corazón de la paz son los derechos de nueve millones de víctimas”, ha dicho el procurador Fernando Carrillo.

Duque sabe que si se le mide a tocar dicho tribunal, su coalición en el Congreso puede tambalear y no hay meses que perder, ya que en un abrir y cerrar de ojos llegará a su tercer año de mandato.

Pese a eso, todo indica que Uribe llegará a las elecciones de 2022 con la misma agenda de 2018, es decir, agitando la polarización en torno al acuerdo de paz con las Farc y buscando cerrarles las puertas de la participación política a los exjefes de la guerrilla con curul en el Congreso.

Uno de los puntos del referendo contempla excluir a los responsables de delitos de lesa humanidad del Poder Legislativo y de cualquier cargo de elección popular. Cuando el Gobierno anterior firmó la paz, la idea era reemplazar las armas por la política y que los responsables pagaran por sus delitos bajo las reglas de la JEP. Alterar eso pone en peligro la reinserción de los exjefes de la guerrilla que sí han cumplido con su palabra, a diferencia de los que regresaron al monte.

Otro punto controversial del referendo de Uribe consiste en disminuir el tamaño del Congreso en 30 por ciento y bajarles el salario a los senadores y representantes. Esta idea es popular y la aplaude el grueso de los ciudadanos por cuenta de una institución sumida históricamente en el desprestigio y con pocas intenciones de autoreformarse, como quedó claro cuando recientemente se hundió la reforma política.

Pero más que recortar el Congreso, se necesita que los partidos depuren sus listas en la próxima campaña, que los colombianos voten bien y que los congresistas se desprendan de gabelas escandalosas como cobrar viáticos pese a que sesionan virtualmente.

Aparte de esa arremetida jurídica y política, Uribe metió en el referendo dos buenas intenciones. Por un lado, propone que el Estado entregue un subsidio a imagen y semejanza del programa de Ingreso Solidario que creó el presidente Duque en la pandemia. Por el otro, plantea entregarles un bono pensional a los recién nacidos en hogares vulnerables.

Todo eso suena muy bien en el papel, pero la viabilidad fiscal es muy incierta y no tiene en cuenta que el Gobierno ya piensa en una reforma tributaria para asumir los costos de la pandemia.

El referendo de Uribe también plantea la gratuidad educativa en instituciones públicas, privadas o mixtas, “sin monopolio ni adoctrinamiento”. Este punto suena más a una crítica a Fecode que a una solución de fondo para mejorar la calidad educativa del país.

Y como no podía faltar una propuesta ambiental, pide pagar una remuneración a los pobladores que cuiden ecosistemas como la Amazonia, la Orinoquia y el Pacífico, entre otros. Al igual que los subsidios, esas ideas suenan bien, pero no tienen un piso fiscal claro.

“Ojo con el 2022”, ha repetido Uribe, tratando de revivir el fantasma del castrochavismo. Su referendo será la columna vertebral de la campaña del Centro Democrático y con él buscará hacerle contrapeso al que propuso Roy Barreras para revocarle el mandato a Duque. Pero cualquier referendo, independientemente de su proponente, está condenado al fracaso con las reglas vigentes en la materia. Ni la consulta anticorrupción logró superar el umbral.

Uribe se sabe esas cuentas de memoria y es consciente de que su propuesta no es un referendo, sino un programa de Gobierno que debe competir con otros en las urnas. Si finalmente esos 13 puntos llegan tal cual a la campaña de 2022, el escenario será el de una profunda radicalización.

El centro y la izquierda van a coincidir en atajar cualquier intento por acabar con la JEP y los avances del acuerdo de paz. Pero el Centro Democrático es un partido disciplinado y sus fichas más sólidas para la próxima contienda, como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, van a defender estas tesis y tratarán de aglutinar a la derecha y a los conservadores. La duda es si en 2022 el país necesitará reeditar la agenda de las elecciones de 2018 o seguir en la polarización entre quienes están a favor y en contra del acuerdo de paz, como en el plebiscito de 2016.

Por ahora, las heridas que deja la pandemia anticipan que habrá otros temas. El desempleo, el cierre masivo de empresas, la salud y la lucha contra la corrupción estarán entre las prioridades. Con su referendo, el expresidente deja en claro que jugará duro en las presidenciales y que impulsará, salvo excepciones, los mismos temas que radicalizan a los colombianos. Uribe, de nuevo, a la carga.