La Procuraduría General investigará a seis integrantes de la Policía Nacional, adscritos a la Dijín, por presuntamente participar en el montaje que llevó a la interceptación de la línea telefónica de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes laboraban, para enero de este año, en la vivienda de Laura Sarabia.
Las líneas de las dos mujeres fueron interceptadas en medio de una investigación en contra de alias Siopas, el peligroso comandante del Clan del Golfo. Para esto, se habrían falseado informes de inteligencia y contrainteligencia para vincular a Meza y Perea con esta banda criminal.
Por estos hechos, los mayores John Jairo López Toloza, jefe del grupo investigativo contra la delincuencia organizada de la Dijín de la Policía; Luis Jeferson Camacho Prada, jefe de comisión en la regional 6; el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, y los patrulleros Dana Alejandra Canizales Bonilla y John Fredy Morales Cárdenas, se enfrentan a una sanción disciplinaria.
En el caso del intendente Quinchanegua y los patrulleros Canizales y Morales, vale la pena mencionar que se encuentran, en la actualidad, vinculados a un proceso penal por las irregularidades en los informes de inteligencia que firmaron para que un fiscal de Quibdó, en el Chocó, solicitara la interceptación de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea.
En los documentos, se señalaba que esas dos mujeres le prestaban servicios varios a alias Siopas y tenían su confianza. Para justificar esto, a Meza le pusieron el alias de La Cocinera y a Perea, el de La Madrina. En el extenso documento de la Procuraduría General se asegura que existen pruebas documentales suficientes para abrir una investigación formal.
En la decisión se considera que los seis policías tuvieron conocimiento y participación directa en el plan para falsear y manipular informes con el fin de lograr que las líneas telefónicas de esas dos mujeres fueran interceptadas, sabiendo que no cumplían los requisitos y que mucho menos hacían parte de la estructura criminal.
En el caso del patrullero John Fredy Morales Cárdenas, se indica que fue el encargado de solicitarle a la Fiscalía del Quibdó interceptar las líneas telefónicas, haciendo mención a una fuente humana no formal que le había entregado los datos. Esta fuente, en la actualidad, también enfrenta un proceso penal.
En el resuelve, la procuraduría delegada de instrucción para la fuerza pública le pide a la Dijín un completo informe sobre las actividades investigativas de estos seis agentes. Los uniformados podrán presentar y solicitar, por medio de sus abogados, las pruebas que consideren pertinentes.
Los hechos materia de investigación se presentaron después de que Laura Sarabia y su esposo denunciaran la pérdida de una maleta con dinero en efectivo. La pareja sospechaba directamente de Marelbys Meza y Fabiola Perea, por lo que incluso las sometieron a una prueba de polígrafo.
Nueva imputación contra el intendente Quinchanegua
El pasado viernes, la Fiscalía General le imputó un nuevo delito al intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua: falsedad material en documento público. Quinchanegua, en este caso, no aceptó los cargos presentados en su contra.
Los elementos de prueba recopilados sugieren que el intendente habría ordenado a un patrullero “modificar y adicionar algunos apartes” al testimonio de Marelbys Meza tras ser sometida al polígrafo de manera irregular. Esta práctica se realizó en relación con la pérdida de dinero en la residencia de Sarabia el pasado 29 de enero.
La acusación sostiene que el intendente presuntamente instigó a su subalterno para que alterara el testimonio, incluyendo información falsa sobre la exempleada tomando un servicio de transporte particular después de que se perdiera la plata. Esta información se habría utilizado, al parecer, para justificar una declaración tomada de manera “extemporánea” a un conductor de plataformas de transporte.
“(...) Se incluyó que la exempleada tomó un servicio de transporte particular, luego de culminar su jornada laboral, el día en el que se extraviaron unos dólares. Esta información, presuntamente, se usó para justificar una declaración tomada de manera extemporánea a un conductor de plataformas virtuales de transporte”, estableció la Fiscalía.
La investigación reveló que la entrevista manipulada fue parte del informe de Policía Judicial presentado a la fiscal que ordenó la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y otra persona.
“(...) La investigación da cuenta de que el intendente Quinchanegua, al parecer, presionó a su subalterno, a través de mensajes de texto y de manera verbal, para que procediera irregularmente. La entrevista alterada hizo parte del informe de Policía Judicial presentado a la fiscal que ordenó interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza Buelvas y otra persona, con base en varios elementos suministrados por los imputados por estos hechos”, añadió el ente acusador.
Son más de 80 elementos de pruebas y 35 los testigos, que incluyen a policías, investigadores y las personas particulares que, de alguna manera, fueron víctimas de la persecución que durante esos días, y por cuenta del hurto al apartamento de Laura Sarabia, lideraron algunos miembros de la Policía en la Sijín de Bogotá.
“(...) Actuó en coautoría impropia, con Alfonso Quinchanegua y Dana Canizalez, procesados en el caso surtido por anticorrupción, estos últimos quienes presentaron el informe a la fiscal primera del hurto prestando un aporte esencial, pues era la fuente DIJ10 -Rafael Santos- y no otra la fuente a utilizar para producir la información mentirosa, a través de un acuerdo previo o concomitante”, dice el escrito de acusación.
La evidencia que tiene en su poder la Fiscalía, que fue condensada justamente en el escrito de acusación, reveló cómo el falso informante fue usado por los investigadores de la Sijín para argumentar la necesidad de interceptar las comunicaciones de la niñera, al punto de que la convirtieron en una integrante de una peligrosa organización criminal dedicada al hurto apartamentos.
“Buscó inducir en error a la servidora pública, fiscal 102 anticorrupción con una finalidad de obtener un resultado, en últimas no causado, consistente en lo que podría ser una resolución ¿u orden de qué?, un posible archivo”, quedó consignado en el escrito de acusación.