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| 3/14/2020 5:45:00 AM

Trancón a la vista en el Congreso

El Congreso vuelve a trabajar con una larga lista de tareas pendientes. Habrá una avalancha de proyectos de ley en medio de un difícil contexto económico. La nueva gobernabilidad de Duque se pondrá a prueba.

Bajo la nueva coalición de apoyo a Duque, vuelve a sesionar el Congreso Hasta ahora, el país ha visto en el Congreso más control político que apoyo a las reformas propuestas por el presidente Duque. Foto: Guillermo torres-semana
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Después de una larga pausa, esta semana inicia una nueva legislatura y los congresistas volverán a sus curules con un sinnúmero de proyectos de ley debajo del brazo. Ahí están las grandes reformas de las que viene hablando el país desde hace meses, como la pensional, la política y la de la justicia. Pero también empieza a aparecer en el panorama un nuevo intento del partido oficialista por reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como la posibilidad de hacer otra reforma tributaria por el efecto del coronavirus en la economía. Con tantos temas de fondo y la polarización política aún viva, ¿cómo le irá al presidente Iván Duque en este segundo tiempo en el Congreso? ¿Funcionará su nuevo esquema de gobernabilidad?

Las últimas sesiones en el Senado y la Cámara terminaron en un ambiente enrarecido. Por cuenta del bloqueo legislativo que impusieron los partidos, quedó la impresión de que los congresistas estuvieron más inactivos que de costumbre. Aunque el contexto de protesta social evidenció unos ánimos caldeados, esa agitación no se tradujo en algo en el Congreso. El Gobierno presentó iniciativas y el Legislativo, mediante múltiples mecanismos, terminó por hundirlas.

Con algunas excepciones de proyectos sí aprobados, el Congreso asumió más un papel de control político y las grandes reformas permanecieron en el tintero. Con esto, el Gobierno sufrió derrotas de alto calibre como la moción de censura que sacó al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. Y el país quedó esperando reformas cruciales.

Pero ahora ese escenario podría cambiar radicalmente con una sobrecarga de proyectos y un trancón legislativo.

Con un gabinete ministerial renovado con figuras que representan a Cambio Radical, a La U y a los conservadores, el Gobierno llega con un nuevo aire. Pero también con la tarea de presentar los temas que más polarizan al país. Eso, sin lugar a dudas, no será fácil.

Entre las primeras apuestas está la muy esperada reforma a la justicia, liderada por Cambio Radical. Este partido, que oficialmente ya participa en el Gobierno, tiene la consigna de sacar adelante las reformas consagradas en el programa presidencial de Germán Vargas Lleras. La de la justicia es una de las prioritarias. En el texto del proyecto que concertan el Ministerio de Justicia y los líderes de los partidos habrá que aterrizar el debate y entender que, como dice el adagio popular, lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Las últimas reformas a la justicia se cayeron porque pretendían darle un revolcón a la forma de repartir el poder, los periodos y las competencias de los altos cargos de la rama. Ha quedado demostrado que eso, aunque necesario, se hunde en el Congreso. Para que la reforma a la justicia tenga éxito, deberá enfocarse más en los temas que afectan directamente al ciudadano. Entre ellos están la digitalización de los procesos, el cumplimiento de los tiempos procesales, el fortalecimiento de los jueces y fiscales, y asuntos urgentes como solucionar el hacinamiento carcelario.

"¿Le funcionará al Gobierno el acuerdo con Cambio Radical y la U? ¿Será suficiente para aprobar los proyectos?".

No obstante, a esa reforma pragmática y posible ya le salió un palo en la rueda. En la reunión de bancada del Centro Democrático, los congresistas de esa colectividad, con el senador Álvaro Uribe a la cabeza, emitieron un comunicado en el que queda claro que su intención por reformar la JEP sigue intacta.

Los uribistas hablan de la necesidad de instaurar en el país una sola corte y de acabar con la figura de la justicia transicional, pieza angular del acuerdo de paz firmado con las Farc. Esa intención necesariamente recuerda el episodio de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Por esa vía, el presidente Duque intentó cumplirles a sus electores una de las promesas de campaña. Sin embargo, no solo no tuvo éxito en ese propósito, sino que se echó encima a los partidos, a un amplio sector de la opinión pública y se quedó sin gobernabilidad para el arranque de su mandato. Para muchos, perdió el año político más valioso.

Por eso, el anuncio del Centro Democrático tiene al país político a la expectativa. En esto hay dos posibles caminos: 1) incluir en la reforma a la justicia las modificaciones de fondo, o incluso la eliminación de la JEP y 2) presentar el tema de la JEP como una iniciativa independiente a la reforma.

Ninguno de los dos caminos es fácil y es previsible que si el tema de la JEP vuelve a ser prioridad legislativa, Duque se arriesgue a quedarse nuevamente sin margen de gobernabilidad en el Congreso. Ya quedó demostrado que los partidos que hoy entraron al Gobierno apoyan a la JEP y, luego de las objeciones, ese capítulo ya se daba por cerrado. Revivirlo puede desbaratar el pacto con Cambio Radical, y así lo ha hecho saber el propio Germán Vargas Lleras.

El presidente afronta también visos de división en su propio partido, y tendrá que tomar la difícil decisión de embarcarse en esa aventura del Centro Democrático, o enfocarse en sacar adelante su agenda en el Congreso. Y los temas de urgencia no son pocos.

La nueva ministra del Interior, Alicia Arango, deberá apostar todo su capital político para aprobar la reforma pensional, un proyecto que ella venía trabajando en el Ministerio del Trabajo. Esa iniciativa es tan necesaria como impopular. Por eso, impulsar una reingeniería al sistema de pensiones requiere de una paz política que hoy no parece garantizada, y menos si se trata de tocar la JEP. Lo mismo podría pasar con una eventual reforma tributaria. El Gobierno no se ha pronunciado sobre el particular. Pero varios analistas coinciden en que por cuenta de la crisis económica mundial que se avecina por el coronavirus, el dólar disparado y el precio del barril de petróleo por el suelo, aumenta la probabilidad de tramitar otra reforma para sanear las finanzas del Estado y garantizar la estabilidad fiscal.

Por los lados de los liberales, hablan de la reforma política y sus borradores ya han empezado a circular. La lista cerrada, la financiación estatal de las campañas y el regreso del trasfuguismo ya se dan como un hecho en ese proyecto de ley. Pero no solo las grandes apuestas legislativas sobre los asuntos estructurales del país coparán la agenda del Congreso a partir de esta semana.

Tanto el Gobierno como los partidos llegarán con docenas de proyectos de ley también pendientes. Allí aparecen temas como la regulación de las plataformas tecnológicas; la ley de cielos abiertos; los ajustes a la consulta previa para proyectos de infraestructura; bajar la edad para acceder a las altas corporaciones públicas desde los 18 años; o las condiciones de seguridad social de los trabajadores por prestación de servicios.

Los líderes de la oposición, por su parte, ya anunciaron una serie de debates de control político por cuenta de las recientes revelaciones sobre la denominada Ñeñepolítica.

En este contexto, la legislatura que comienza estará para alquilar balcón en todos los frentes. Discutirán las grandes reformas pendientes, hay un sinnúmero de proyectos de ley que interesan e impactan a los ciudadanos y, con seguridad, los partidos de oposición le sacarán canas al Ejecutivo con los debates que ya anunciaron.

 Estará por verse si el nuevo esquema de gobernabilidad planteado por el presidente Duque dará los frutos que muchos esperan.

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