Está a punto de escribirse un nuevo capítulo en las investigaciones por el denominado Cartel de la Toga. En los últimos días, la Procuraduría General y la Corte Suprema de Justicia le enviaron un correo electrónico al juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá para lograr una declaración del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera.
Moreno, considerado el testigo clave de la Fiscalía para desenmarañar este caso de corrupción que permeó la Rama Judicial, se encuentra actualmente privado de su libertad en una guarnición militar, ha declarado en varios procesos penales en contra de aforados constitucionales, funcionarios públicos y particulares.
SEMANA conoció que el pasado 24 de agosto, la Sala de Casación Penal envió una comunicación con el rótulo de “urgente” con el fin de contactar al exfiscal anticorrupción. Un mensaje similar al que envió el pasado 19 de agosto la Procuraduría General que necesita contactar a Moreno para que declare.
Moreno se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer la situación y entregar información sobre todos aquellos que de una u otra manera intentaron afectar la recta administración de justicia en Colombia.
Su colaboración le permitió firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General y un preacuerdo en el que aceptaba su responsabilidad en los delitos de concusión (ejercer presiones) y utilización indebida de información privilegiada. Por esto, fue sentenciado el 7 de marzo de 2018 a cuatro años y diez meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, declaró en los procesos que se adelantaron en contra de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández.
El primero fue sentenciado a 19 años de prisión por mover sus influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran, desviaran y suspendieran procesos contra aforados constitucionales, todo a cambio de una comisión.
Mientras tanto, Gustavo Malo Fernández fue sentenciado en 2021 a nueve años y diez meses de prisión por cancelar órdenes de captura y entorpecer procesos de aforados, principalmente el caso del entonces senador del Partido de la U, Musa Besaile Fayad.
La declaración de Moreno también ha sido tenida en cuenta para emitir medidas de aseguramiento contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes habrían pagado millonarias comisiones para que se cancelaran las órdenes de captura que se iban a emitir en su contra por casos de parapolítica.
Igualmente, se espera su declaración dentro del proceso contra el todopoderoso expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, quien en la actualidad se encuentra fuera del país y no ha manifestado ningún interés en regresar.
Este caso tiene una especial motivación, puesto que en repetidas oportunidades Moreno ha manifestado su estrecha cercanía con Bustos, al que veía como un padre y su principal promotor durante su ascendiente carrera.
El exfiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General fue capturado el 27 de junio de 2017 después de haberle cobrado un millonario soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para archivar las investigaciones que se le adelantaban por el llamado cartel de la hemofilia y los actos de corrupción en el manejo de las regalías en el departamento.
Junto a él fue capturado el abogado Leonardo Pinilla, conocido con el sobrenombre de Porcino. Los dos eran los encargados de cobrar las comisiones y planear la forma en cómo se debían desviar los procesos en el interior de la Corte Suprema de Justicia.