Valeria Afanador es la niña que estuvo desaparecida por más de una semana en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, cuando se supone estaba en un día de rutina en su colegio, el gimnasio Campestre Los Laureles.
Su cuerpo fue encontrado en los alrededores del colegio, aparentemente la menor se ahogó al caer un pequeño riachuelo que estaba muy cerca de la reja que protegía a los niños del exterior. La gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Educación, adelantó un proceso que concluyó en la responsabilidad administrativa del colegio.
El pasado 19 de junio la Dirección de Buen Gobierno, de la gobernación de Cundinamarca, expidió una resolución en la que declaró esa responsabilidad del Gimnasio Campestre Los Laureles e impuso una sanción consistente en la cancelación de licencia de funcionamiento del plantel.
Los abogados del colegio apelaron la decisión de la Gobernación y este miércoles se conoció la segunda instancia que confirma la cancelación de la licencia de funcionamiento y reitera la responsabilidad administrativa del colegio en los hechos que derivaron en la muerte de la pequeña Valeria Afanador.
“De lo anterior se infiere que no operaron los controles necesarios para advertir que la menor no había retornado al aula de clases después del horario de descanso, para ver generado una actuación oportuna y salvaguardar su integridad”, señala la resolución que confirmó la sanción al colegio.
La investigación administrativa que adelantó la gobernación, a través de la Secretaría de Educación, señala que no operaron los “controles” para advertir que la niña no había regresado al aula de clases después del descanso, lo que pudo provocar la tragedia, al no alertar a las autoridades sobre la desaparición de la niña.
“El despacho resalta que la tipicidad en el derecho administrativo sancionador no exige el mismo grado de determinación que caracteriza el derecho penal al respecto a la Corte Constitucional al pronunciarse sobre esta materia ha señalado en una reiterada y pacífica línea jurisprudencial”, explicó la Secretaría de Educación en la resolución.
Insiste la resolución que hubo una falta de protocolo, lo que derivó en la ausencia de reacción de los funcionarios del colegio. Las autoridades señalaron que el tiempo de urgencia para atender cualquier eventualidad, alertar e iniciar las labores de búsqueda, eran determinantes.
“Protocolos previamente definidos con roles y tiempos precisos impidió una reacción institucional oportuna y materializó un riesgo que habría podido prever y atender oportunamente en el escenario en el que la inmediatez y el carácter coordinado de la respuesta resulta determinante”, señaló la resolución.