“Soy inocente, esto es una trampa”. De esta forma, el exsenador Ciro Ramírez aseguró, por medio de un comunicado de prensa, que demostrará ante la Corte Suprema de Justicia que no tuvo participación o responsabilidad alguna en la red de corrupción que se encargó de repartir contratos en el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
El excongresista, que se encuentra privado de su libertad desde mediados de diciembre, alegó que la Corte Suprema no le ha dejado presentar sus pruebas para demostrar que el testigo clave en su contra, Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, ha incurrido en constantes contradicciones.
“Con la tranquilidad en el alma, confiado en nuestras instituciones y la frente en alto, confío que en el juicio de este proceso demostraré mi inocencia, agotando todas las instancias nacionales e internacionales”, alegó el exsenador quien será acusado en los próximos días por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Para Ramírez, después de cuatro meses, la Corte Suprema no le ha permitido practicar una sola prueba para demostrar que Herrera es solamente “un testigo de oídas y delincuente confeso” que lo ha acusado en medio de la búsqueda de un beneficio judicial con la Fiscalía General.
Herrera, quien también se encuentra privado de su libertad, narró unas supuestas reuniones que se adelantaron en las oficinas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en las que participó activamente el senador Ciro Ramírez. El exgerente de Proyecta Quindío aseguró que por el desvío del contrato 670, que tenía un valor de 49 mil millones de pesos, se entregaron sobornos por un valor cercano a los mil millones de pesos.
Esta situación fue negada por el exsenador. “Los supuestos contratistas que, según testimonio de Pablo Herrera me entregaron dinero, nunca fueron contratistas del convenio 670 y han negado cualquier entrega d dinero, aun así, me acusan del delito de cohecho, sin una sola prueba”. El exsenador sostuvo que sí conoció a Herrera en el año 2021.
Un año después, asegura el exsenador, fue contactado por un abogado de nombre Mauricio y quien se “presentó como amigo de Pablo Herrera para pedirme el favor que denunciara ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el acoso sexual del que estaba siendo víctima en esto momentos el testigo de oídas, Pablo Herrera Correa, en el centro penitenciaria y carcelario La Picota, donde se encontraba recluido por delitos que no tienen relación conmigo”.
“La solicitud de visita se hizo ante los canales institucionales del Inpec y se llevó a cabo bajo la coordinación establecida por el abogado Mauricio y la pareja sentimental de Pablo Herrera. El encuentro no duró más de 15 minutos en la sala regular establecida para las visitas de todos los internos en el pabellón donde se encontraba recluido”, explicó el dirigente político frente a este encuentro que es clave en el proceso en su contra.
El pasado 11 de abril, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema confirmó la acusación contra Ciro Ramírez. En la determinación se dejó en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario por considerar que continuaba vigente el peligro para la sociedad y la presión para testigos.
En esta resolución se deja en claro que Ramírez intentó ejercer presiones sobre el testigo, visitándolo en la cárcel La Picota, haciéndole ofrecimientos de dinero y otro tipo de ayudas.