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Fernanda Doz Costa, representante de Amnistía Internacional dijo que el Gobierno de Colombia no ha cumplido con su obligación internacional de proteger a los defensores de derechos humanos. - Foto: Amnistía Internacional

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Colombia, el país más letal para defender derechos humanos: Amnistía Internacional

En una audiencia pública en el Congreso, Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de AI, dijo que Colombia debe proteger a sus defensores.

El Estado colombiano ha incumplido su obligación internacional de garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos, pero tiene la oportunidad de cambiar este panorama, según alertó una vocera de Amnistía Internacional, quien participó en una audiencia pública realizada este 19 de noviembre en el Congreso.

Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que el Estado colombiano sigue incumpliendo su deuda histórica de dar una respuesta integral a la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras en el país.

“Las amenazas y ataques contra quienes defienden los derechos humanos siguen ocurriendo día tras día, poniendo a Colombia otra vez más como el país más letal para defender derechos humanos”, denunció Doz Costa durante su pronunciamiento público.

La representante de Amnistía Internacional destacó que la audiencia en el Congreso es una oportunidad única para trazar una ruta en la que Colombia pueda avanzar en la protección de personas defensoras, y para discutir de qué manera se puede responsabilizar a las autoridades que no actúan diligentemente frente a la grave situación que se encuentran quienes defienden los derechos humanos en el país.

En los últimos años, las organizaciones Front Line Defenders y Global Witness han puesto a Colombia de manera consistente como el país con más asesinatos de ambientalistas y personas defensores de derechos humanos en el mundo. Un duro informe entregó la ONG Human Rights Watch, (HRW) sobre los crímenes de defensores de derechos humanos en el país y las acciones de las autoridades judiciales, en febrero de este año.

De acuerdo con HRW, desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, a la fecha, se han cometido 421 crímenes contra defensores de derechos humanos en el país. De estos 16 % han sido contra población indígena, es decir 69 homicidios.

En octubre de 2020, Amnistía Internacional hizo una serie de recomendaciones en materia de protección integral a personas defensoras a nivel nacional y en cuatro casos concretos. Sin embargo, Fernanda Doz Costa aseguró que, a la fecha, las autoridades colombianas han hecho muy poco para garantizar condiciones seguras para defender derechos humanos en el país.

Siguen promoviendo un modelo de protección que ha demostrado ser ineficaz, por estar basado únicamente en medidas de protección material y la expedición de leyes, decretos y normas que carecen de medidas que aseguren su debida implementación, así como medidas destinadas a la protección individual y no de carácter colectivo.

Otra de las preocupaciones que manifestó Doz Costa es que el Estado colombiano sigue abordando el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos desde una perspectiva totalmente normativa, material e individual, y no con una mirada realista, colectiva y transformativa.

“La protección de personas defensoras no debe estar basada únicamente en la teoría, si no en hechos reales y en las soluciones expresadas por las propias personas y colectivos en riesgo. Si escucharan sus voces habría un ambiente significativamente más seguro para defender derechos humanos en Colombia”, dijo la investigadora.

“Las obligaciones en materia de derechos humanos recaen en los tres poderes del Estado, por lo que es imperioso que el Congreso priorice el tema de personas defensoras en su agenda de manera permanente, incluyendo mediante la creación de una Comisión de Verificación de Garantías para Personas Defensoras, que llame a rendir cuentas a las personas funcionarias del Ejecutivo que no cumplen con su deber de protección”, recalcó.