Colombia va mal: los grupos armados y crimínales les han hecho conejo a los colombianos y al Gobierno Petro. Los abusos son constantes y crece el narcotráfico

El propio presidente Gustavo Petro reveló recientemente que el Clan del Golfo no tenía voluntad de paz, y lo dijo luego de los graves hechos de violencia que se presentaron en el Bajo Cauca, antioqueño, en donde infiltrados de la estructura criminal quemaron ambulancias, instrumentalizaron a menores de edad para que se enfrentaran con la policía y el Ejército, atravesaron árboles y camiones sobre la vía, entre otros.

Incluso el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, reveló que la inteligencia de la fuerza pública había logrado recopilar información sobre que el Clan del Golfo se encontraba detrás de las acciones criminales. Esos hechos han cobrado la vida de inocentes como lo denunció también el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria en el siguiente trino.

Hay que recordar que el Clan del Golfo, pese a estos hechos denunciados por el presidente Gustavo Petro, el Ministro de Defensa y el Gobernador Gaviria, sigue gozando de los beneficios que la fuerza pública, que no puede hacer operaciones ofensivas porque hace parte del cese al fuego bilateral que adoptó el presidente de la República el pasado mes de diciembre.

Otro de los hechos por los que ha sido objeto de críticas el gobierno nacional en esta materia por parte de la oposición, es que han pasado más de dos meses y aún no se han definido los mecanismos de verificación de las violaciones al cese al fuego.

Por su parte, otras organizaciones criminales que se han burlado del Estado colombiano son las disidencias de las Farc de Iván Mordiscos, pues en varias ocasiones se vieron patrullando en varias regiones del país como en Nariño, Cauca y Norte de Santander, aprovechándose que el gobierno había declarado un cese al fuego bilateral. Uno de los hechos que más generó indignación en el país, fue el adoctrinamiento de niños en un parque en Yarumal, Antioquia.

A estos casos se suman, que las actividades de narcotráfico, extorsiones, homicidios contra líderes sociales, masacres y secuestro no se detienen en el país. Recientemente Indepaz, un observatorio que mide el accionar de grupos armados en el país, informó que en lo corrido de este año han sido asesinados 28 líderes sociales.

Uno de los hechos más recientes y que le generó cientos de críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, fue el manejo que le dio al secuestro de 79 hombres del Esmad por parte de la guardia campesina en San Vicente del Caguán, Caquetá, en donde el Ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que los hechos se dieron en el contexto de un cerco humanitario y se negó a reconocer que se tratara de un secuestro. En la acción fueron asesinadas dos personas, un civil y un subintendente de la Policía.

Otro de los casos graves, protagonizado por las organizaciones a las que el presidente Gustavo Petro les ha dado un trato especial dentro de su política de ‘paz social’, fue el secuestro de un sargento del Ejército en Arauca por parte de la guerrilla del ELN, con quien hoy negocia un proceso de paz en México.

Para la liberación del militar fue necesaria la mediación de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, además de la Iglesia. La situación es tan compleja en el sector defensa, que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, le pidió a sus comandantes no dejar caer la moral de las tropas.

SEMANA reveló también en exclusiva el distanciamiento que hay entre el Ministro de la Defensa y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, Ccoes, del Ejército, que es el encargado de propinar duros golpes contra el crimen organizado y terrorista del país. Fuentes confirmaron a este medio de comunicación que es baja la relación del ministro Velásquez con esta unidad especial.

Colombia va mal

El presidente Gustavo Petro ganó la Presidencia con un mandato de más de 11 millones de colombianos que le apostaron a su promesa de cambio. Sin embargo, en sus primeros siete meses de gobierno, las cosas no han sido fáciles. Ha tenido que enfrentar los fuertes coletazos de una economía mundial con serios problemas, la recesión y la crisis bancaria en Estados Unidos, y las consecuencias de la guerra en Ucrania.

En el plano local, la desaceleración de la economía es un hecho: cayó el consumo en los hogares, pocos colombianos quieren endeudarse por las altas tasas de interés, el comercio no repunta y, por ejemplo, este año se desplomaron 20,2 % las matrículas de carros nuevos. El mayor obstáculo del Gobierno ha sido no poder contener la inflación, que está en el 13,28 %, por lo que el costo de vida para la gente se ha disparado, con un fuerte impacto en el sector de los alimentos.

El desempleo sigue siendo un dolor de cabeza y llegó al 13,7 %, y el aumento del precio de la gasolina también ha golpeado el bolsillo, al igual que la volatilidad del dólar. La noticia económica más reciente, de hecho, tiene prendidas las alarmas: el mercado de vivienda de interés social se desplomó 64 %, con las graves consecuencias que ello traerá.

Bajo ese preocupante contexto, la estimación del Banco de la República es que la economía crecerá apenas 0,2 % este año. Por eso, no se descarta que haya al menos dos trimestres con crecimiento negativo en 2023, lo que podría llevar al país a una recesión técnica.

En ese sentido, la confianza económica está por el piso. Un indicador sobre esa variable, que mide mensualmente Davivienda, la ubica por debajo del promedio histórico (-19,9 %). Esto, porque definitivamente no hay nada que desmoralice más a un ciudadano que ver afectadas sus finanzas y su capacidad económica. Y si a ese coctel adverso se le suman el deterioro del orden público, el avance sin freno del narcotráfico, la caída en la operatividad de la fuerza pública y la incertidumbre y la polémica por el impacto que tendrán las reformas del Gobierno, es apenas natural que el país haya entrado en una ola de pesimismo.

Las cifras así lo reflejan. Cuando el presidente Petro se posesionó el 7 de agosto del año pasado, el 48 % de los encuestados por Invamer creía que las cosas en el país estaban empeorando. Hoy esa cifra ya llega al 67 %, y tan solo el 20 % considera que Colombia va por un buen camino.

Uno de los frentes más sensibles que le hace pensar a la gente que el país va mal tiene que ver con los graves hechos de orden público que vienen sacudiendo a Colombia. La situación es tan crítica que esta semana, en una cumbre de mandatarios regionales, el gobernador del Vichada, Álvaro León, sorprendió al revelar que fue víctima de un retén ilegal de un grupo armado hace unos 15 días.

Contó que seis hombres, cinco de ellos con fusil y uno con pistola, lo encañonaron y lo bajaron del carro. “Tuve un diálogo con ellos, mientras llegaban los escoltas, salieron corriendo, se metieron a las matas y, afortunadamente, no hubo disparos. O si no, el primer muerto habría sido yo”, contó.

Su colega del Meta, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, no se quedó atrás. Advirtió que las disidencias de las Farc, las mismas a las que el Gobierno Petro les está tendiendo la mano de la paz total, están actuando “sin Dios ni ley”.

“Han vuelto a cometer secuestros, están reclutando menores, obligan a campesinos y juntas de acción comunal a participar en las convocatorias que ellos hacen. En el Meta hace tiempo no se hablaba de minas antipersona, y la fuerza pública ha incautado muchísimo material para elaborar estos artefactos. La extorsión se ha quintuplicado”, denunció Zuluaga.