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Condenan a exjueza que pidió 40 millones a extranjero convicto; Interpol la busca

Martha Janeth Acosta Gutiérrez tenía una lista de privados de la libertad a los que pretendía ofrecerles beneficios. Se la investiga por pedirle 1.500 millones a mujer procesada por homicidio de un sindicalista.


El Tribunal Superior de Bogotá condenó a diez años de prisión a la exjueza de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá Martha Janeth Acosta Gutiérrez y la declaró responsable del delito de concusión gracias a los argumentos presentados durante juicio por la Fiscalía General de la Nación.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que la exfuncionaria, entre julio y agosto de 2013, concertó con una amiga abogada exigir dinero a varios condenados a cambio de favorecerlos con beneficios penitenciarios.

Los hechos por los que se condenó a la entonces juez ocurrieron en agosto de 2013, cuando un extranjero condenado y con detención domiciliaria por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado le solicitó al despacho de la funcionaria un permiso para trabajar.

Según las evidencias recopiladas, una abogada que sirvió de enlace, presuntamente, le exigió al hombre $ 40′000.000 para que el juzgado le concediera el beneficio. Sin embargo, el afectado denunció a las involucradas.

En ese entonces, la Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia y organizó un operativo en el que fue capturada la abogada, justo en el momento en el que recibía el dinero. Esta persona fue imputada por los delitos de extorsión y uso de documento público falso, y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Así mismo, la misma abogada poseía un listado de personas privadas de la libertad a las que pretendía buscar para ofrecerles permisos y otros beneficios. Así lo afirmó la Fiscalía General de la Nación mediante el boletín 41069.

Desde agosto, la Fiscalía avanzó en las investigaciones y estableció la responsabilidad de la juez Martha Janeth Acosta Gutiérrez, quien supuestamente conocía y habría consentido la exigencia de los % 40′000.000 al procesado.

El material recaudado durante dicha investigación ha puesto en evidencia que la abogada procesada por estos hechos trabajó con la jueza de ejecución de penas, quien la habría convencido de renunciar para que se dedicara al litigio y así presionar a extranjeros o personas adineradas condenadas.

Además, en las verificaciones se comprobó que, antes del pago de la dádiva, la exservidora judicial cargó la autorización laboral al sistema de la Rama Judicial. Por esto, el fallo condenatorio, emitido por el Tribunal en su contra, también dispuso el pago de una multa superior a los $ 53′000.000.

La Fiscalía General de la Nación ha requerido en varias oportunidades a la exfuncionaria y ante juez de control de garantías le imputó cargos por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Por su inasistencia, Acosta Gutiérrez fue declarada persona ausente y el juez del caso ordenó la captura inmediata para que cumpla medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Además, el Juzgado 58 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá expidió orden de captura y notificación roja de la Interpol para garantizar la ubicación de la sentenciada y el cumplimiento efectivo de la pena.

Actualmente se investiga la petición de $ 1.500′000.000 a una mujer procesada por el homicidio de un sindicalista. De la juez se sabe que días después de la captura de su supuesta cómplice renunció al cargo y se fue del país.

La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley.