Hace poco menos de un mes, el Gobierno nacional declaró oficialmente la emergencia económica, tras argumentar un déficit elevado en las cuentas nacionales y una situación crítica tras la negativa del Congreso de pasar la reforma tributaria.
El decreto trajo consigo una serie de nuevos impuestos que deberán asumir los colombianos, inicialmente por 30 días, pero que se podrían prorrogar, de acuerdo con lo que dicta la normativa.
La medida ha generado polémica y ha ganado varios detractores, que argumentan que no existen causales fácticas para que se declare un estado de excepción.
Entre los detractores se encuentran 17 gobernadores, que anunciaron acciones para frenar el decreto en mención. Tras esta situación, un congresista del Pacto Histórico solicitó a la Fiscalía y Procuraduría abrir investigación en contra de los funcionarios.
Se trata de Alejandro Ocampo, quien solicitó investigaciones penales y disciplinarias contra la lista de funcionarios que se niegan a aplicar el decreto de emergencia económica.
Aseguró que la decisión pondría en riesgo el recaudo de 11 billones de pesos que serán destinados a programas sociales y servicios públicos.
Señaló además que el incumplimiento podría configurar prevaricato por omisión, además de abuso de autoridad y faltas disciplinarias graves. Aseguró que “nadie está por encima de la ley” y pidió a los entes de control actuar con celeridad.
Hace algunos días, la Federación Nacional de Departamentos elevó un recurso jurídico para que se caiga el decreto de emergencia, mientras esperan que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto. También solicitarán un espacio de intervención en el alto tribunal para ello.
También conformaron una comisión representativa, designando como voceros a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. También a los gobernadores de Antioquia, Caquetá y Nariño.
