Contraloría abrió investigación por falso médico que dirigió UCI en Magdalena

El contralor general de Magdalena, Alberto Mario Garzón, abrió una investigación de responsabilidad fiscal contra la actual secretaria de Salud del departamento, Diana Celedón Sánchez, por su presunta culpa en la contratación del falso médico intensivista Diego Alejandro en el hospital San Rafael del municipio de Fundación.

La decisión, que involucra a la actual funcionaria, es porque ella era gerente de ESE Hospital San Rafael, cuando se presentó la contratación del supuesto especialista a mediados de 2020. El contralor informó que también se vincula a la responsable de la Oficina de Talento Humano, Yelisa Jiménez Arteaga, quien avaló la contratación del falso médico.

Escuche el pronunciamiento del contralor del Magdalena, Alberto Mario Garzón; y el contralor delegado para las Investigaciones, Jorge Iván Sánchez.

El ente de control tramitó una denuncia ciudadana con radicado No Q47220023, a través de su Oficina de Planeación y Participación Ciudadana, la cual evidenció una presunta irregularidad con connotación fiscal toda vez que presuntamente existió irregularidad en la contratación de un médico especialista en cuidado crítico, debido a que no acreditaba la formación académica e idoneidad para desarrollar sus funciones.

Esta persona desempeño su cargo entre agosto de 2020 y junio de 2021, razón por la cual se dio traslado interno del aludido hallazgo a la Contraloría Auxiliar para las Investigaciones Fiscales.

La historia del falso médico

En septiembre de 2020 una buena noticia llegó para los habitantes del municipio de Fundación, en el departamento del Magdalena, el hospital local San Rafael anunciaba la apertura de a Unidad de Cuidados Intensivos. Para tal propósito fueron contratados tres especialistas en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Entre estos estuvo Diego Alejandro Posada Orjuela, quien ahora es señalado de falsedad.

Posada, según los directivos del hospital, cumplió con todos los procesos para ser contratado y adjuntó la documentación requerida, incluyendo certificados de contratos con otros hospitales del país. Lo único que llamó la atención fue la desactualización hallada de este médico general del Registro de Talento Humano (ReTHUS), en el momento de presentar su propuesta económica, lo que generó dudad, pero quedó como un punto subsanable más adelante.

Posada en ese momento, según cuentan las directivas, señaló que se debía a que había realizado estudios profesionales fuera de Colombia, los que habían sido homologados por el Universidad de La Sabana y que estaban en proceso de actualización. “Registros contractuales con hospitales como La Samaritana de Bogotá y el Hospital de Pacho, Cundinamarca, lo respaldaban, por lo que lo contratamos de buena fe”, dijeron las directivas.

El pasado mayo, ocho meses después de ser contratado y de cobrar un sueldo de 30 millones de pesos mensuales, las directivas del hospital San Rafael insistieron en la actualización del RuTHUS, pero al no obtener una respuesta de parte del médico iniciaron una investigación.

Diana Celedón Sánchez, gerente del hospital de Fundación, señaló, en declaraciones a los medios, que la propia Universidad de La Sabana había confirmado que Posada no aparece en ninguno de sus registros de graduados como médico intensivista, por lo que se determinó que los documentos presentados eran falsos y se procedió a la suspensión del contrato de prestación de servicios.

Sánchez agregó que el médico había sido notificado de la investigación y de la notificación de la suspensión del contrato los primeros días del mes de mayo, a lo que se le sumó la congelación de los pagos pendientes. Además, la gerente dijo que la denuncia fue remitida a las autoridades correspondientes para que determinen las responsabilidades.

Sobre este delicado caso se conoció también que el señalado falso intensivista tuvo a su cargo la atención de pacientes tratados por coronavirus y otras patologías delicadas, tiempo en el que fallecieron 55 personas por causas relacionadas al coronavirus, y en días en que el país registraba altas cifras de contagios.

“Se instauró una demanda penal por haber actuado como médico intensivista sin serlo legalmente, por lo que pediremos que el hospital sea declarado como víctima en el caso”, explicó la gerente. Además, dijo que los encargados jurídicos denunciaron a Posada por los delitos de peculado, falsedad en documento privado y fraude procesal, y solicitarán la devolución del dinero cobrado por el profesional, unos 240 millones de pesos en estos meses.