El desastre en el manejo del Ministerio de la Igualdad fue uno de los escándalos del Gobierno Petro. La cartera fue creada el 29 de junio de 2023 con el objetivo de promover la igualdad de género, reconocer a grupos marginados y crear programas sociales para las poblaciones menos favorecidas. Pero eso nunca ocurrió. Tras los escándalos que se han conocido luego de la liquidación de la cartera, parece ser que, más que un ministerio, el Gobierno anterior creó allí un fortín político y una catapulta de popularidad.
Esto porque la ejecución del ministerio fue una de las más bajas registradas en ese Gobierno. Con cinco viceministerios y 24 programas sociales, el porcentaje de ejecución estuvo entre el 2 por ciento y el 5 por ciento.
Uno de los nombres más problemáticos en la cartera fue el de Juliana Guerrero, una mujer de 24 años muy cercana a Gustavo Petro, que ocupó varios cargos en el Gobierno tras presentar títulos falsos, sin estar calificada y ostentando un poder injustificado.
Guerrero fue propuesta como viceministra de las Juventudes por Petro. Sin embargo, Angie Rodríguez, quien para ese entonces era la directora del Dapre, no admitió su hoja de vida por las irregularidades detectadas con sus títulos. La actuación no fue bien recibida por el mandatario, quien emprendió una ola de acciones coercitivas contra Rodríguez. Finalmente, la Justicia le dio la razón a la exfuncionaria, pues Guerrero fue condenada a tres años de prisión por fraude procesal, al utilizar títulos falsos de la Fundación Universitaria San José.
Pese a que muchos pensaban que Guerrero nunca llegó a tener influencia ni poder en el Ministerio de la Igualdad, varios hallazgos demuestran lo contrario. Un acta, con fecha del 13 de junio de 2025, conocida por SEMANA, pone de manifiesto la actuación de la mujer en las reuniones que se organizaban tanto en la cartera como en el FonIgualdad.
El documento referencia la quinta sesión del Consejo Directivo del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial. En esta se reunió el Consejo Directivo de la entidad. Guerrero aparece en la lista de invitados, bajo el cargo de jefe de gabinete presidencial del despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Sin embargo, en la reunión, las funciones que se atribuía denotaban que era la emisaria directa de la Presidencia, pues en una parte del encuentro solicitó presentar un informe sobre avances en las directrices que el presidente entregó, además del reporte sobre la ejecución presupuestal. De hecho, dejó sobre la mesa la preocupación que había en la Presidencia por la baja ejecución.
Finalmente, su poder se hizo evidente en el tramo final de la reunión, cuando propuso la finalización del encuentro y la modificación en la manera en que se votarían las decisiones allí tomadas. Aseguró que lo mejor era dejar abierta la votación por 48 horas y hacerla por correo electrónico.
El acta dejó más dudas que certezas: aunque Guerrero se presentó primero como funcionaria del Ministerio del Interior, en la parte final, en donde aparece su firma de puño y letra, dijo que pertenecía a la Presidencia de la República como asesora de jefatura. Además, dejó allí un correo con una dirección adscrita a la Presidencia. Esto genera dudas sobre si mintió en el acta, en la que figura con dos cargos al mismo tiempo.
Otro de los puntos que suscitan preguntas dentro de las actas es el reporte de asistencia de Verónica Guerrero, hermana de Juliana, pues también estuvo presente en la reunión como asesora del director del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial. Las actuaciones de ambas mujeres se suman al amplio listado de funciones y su influencia durante el gobierno Petro. Lo notorio, además, es que Guerrero no necesitó entrar a la cartera como viceministra de las Juventudes para ostentar un poder dentro de las juntas.
Los hallazgos financieros dentro de la cartera
El nombre de Guerrero no es lo único que preocupa en lo encontrado en la cartera en liquidación. SEMANA conoció que el Gobierno Petro dejó en completo abandono al ministerio unos meses antes de salir del poder. Hubo un retraso de dos meses en nómina, primas y seguridad social para los empleados, lo que expuso a la cartera a un riesgo por sanciones.
Entre las cifras conocidas y que muestran anomalías en la nómina, está el elevado número de cargos en cada dependencia del ministerio.
La cartera tenía exactamente 744 cargos, de los cuales se eliminaron 467 recientemente. Entre los que se encontraron, había algunos duplicados o sin funciones. Adicional a ello, cada programa social tenía supervisores, directores financieros y directores de planeación y administrativos. Sin embargo, los cargos no paraban ahí, pues el FonIgualdad, que era la entidad encargada de administrar los recursos y financiar los proyectos, tenía más de 1.000 cargos. En la práctica, esta última era fundamental para que el ministerio anduviera.
Tras crearse el Ministerio de la Igualdad, muchos funcionarios de otras carteras o dependencias del Estado migraron allí. Al crearles un nuevo puesto, se esperaría que sus anteriores cargos en otros ministerios fueran suprimidos. Pero no fue así. Empezaron a existir dobles cargos dentro del Estado, lo que significó un mayor gasto público y un derroche de burocracia.
Por añadidura, hubo arriendos y facturas de servicios públicos vencidos y con deudas superiores a los 2.000 millones de pesos. Tenía 85 procesos activos y dos requerimientos de la Fiscalía vencidos. Los estados financieros del ministerio también están en la nebulosa, pues solo aparecen reportes hasta el 31 de marzo. Es decir, después de esa fecha se desconoce el manejo financiero hasta el 7 de agosto, cuando fue entregado.
Asimismo, se reportó inicialmente que la cartera había arrendado ocho pisos del Centro de Comercio Internacional, en donde funcionaban sus oficinas. Sin embargo, solo hacían uso de tres. El resto se encontraban totalmente vacíos.
Otro de los hallazgos es la desfinanciación de los programas sociales. Aunque el Gobierno Petro había prometido la entrega de las distintas asignaciones y beneficios a comunidades marginadas, lo cierto es que no había plata para ello. Esa administración dejó 24 programas sociales desfinanciados para 2026 y 2027.
También se hizo el hallazgo de una bodega adscrita a la cartera, en donde se habían alojado donaciones enviadas por la Dian, que eran de alrededor de 17.000 millones de pesos. Sin embargo, dichas donaciones no llegaron nunca a las poblaciones necesitadas y se quedaron allí guardadas. Ahora, tras el deterioro de estos artículos, su valoración no supera los 2.000 millones de pesos.
Se conoció que la actual recuperación de la cartera ha permitido retornar cerca de 233.000 millones de pesos. Además de ello, se han podido simplificar y unificar programas, pasando de 24 a 11. La meta es cercana a los 400.000 millones, de los cuales se espera que 100.000 vayan directamente al tesoro nacional para aportar al fondo de la reconstrucción. Los otros 300.000 millones se espera que se distribuyan en los 11 programas.
La estrategia del Gobierno busca que, tras la liquidación del Ministerio de la Igualdad, los 11 programas pasen a distintas dependencias del Estado. Se espera que cuatro programas sean recibidos en Prosperidad Social, otros cinco en el Ministerio del Interior y el último en el Ministerio de Vivienda.