El presidente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, y siete miembros de la junta directiva de la EPS son investigados por la Procuraduría General por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en operaciones financieras prohibidas por la regulación del sector salud.
El caso pone bajo la lupa posibles pagos a terceros, la presunta concentración en la dispersión de recursos destinados a ese rubro y el contrato de un coworking. Estos hechos son materia de investigación por parte de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública.
La investigación disciplinaria busca determinar si los servidores vinculados al proceso habrían incurrido en algún tipo de irregularidad o falta en el ejercicio de sus funciones frente a los recursos destinados durante la vigencia 2024.
Desde el ente de control señalaron que la investigación y las pruebas ordenadas dentro de este proceso buscarán verificar la veracidad de los hechos señalados, establecer si existió algún tipo de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
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El regreso de González a Coosalud
El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó, a finales de abril, a la Superintendencia Nacional de Salud devolver la administración de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a Jorge González Montaño, quien la presidía.
La decisión judicial dejó sin efectos la intervención ordenada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y dispuso devolver la administración de la entidad a González, tras reconocerlo como “representante legal” de Coosalud.
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Esa situación ha desatado un choque con el presidente Gustavo Petro, quien le pidió a la justicia investigar al presidente de la EPS por “el delito de usar recursos públicos de la salud para su pecunio”. En esa declaración, el mandatario también se refirió a miembros de la junta directiva de la empresa, así como a las familias Santos y Pastrana.
Esos señalamientos fueron refutados por González mediante una acción de tutela contra el jefe de Estado por presuntas afectaciones a su buen nombre y honra a raíz de esas publicaciones. A mediados de abril, la justicia le ordenó al mandatario, en dos fallos, retractarse y lo sancionó con una orden de desacato.