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Legalizan la captura del coronel Benjamín Núñez. La Fiscalía explicó las circunstancias que derivaron en la entrega del coronel en el consulado de Colombia en México y su posterior traslado al país.
Legalizan la captura del coronel Benjamín Núñez. La Fiscalía explicó las circunstancias que derivaron en la entrega del coronel en el consulado de Colombia en México y su posterior traslado al país. - Foto: Fiscalía

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Coronel Núñez, investigado por masacre en Sucre, será enviado a la cárcel La Picota

La defensa del comandante operativo de la Policía en Sucre pide sea enviado a un centro especial de reclusión como una guarnición militar.

La defensa del coronel Benjamín Núñez, procesado por la masacre de tres jóvenes en Chochó (Sucre), busca que el oficial no sea trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá para cumplir la medida de aseguramiento impuesta el pasado miércoles. En una carta, le pidió al juez segundo promiscuo municipal de control de garantías de Tolú para que se fije una guarnición militar en la capital de la República para que el comandante operativo de la Policía en Sucre esté privado de su libertad.

En la misiva firmada por el abogado Sergio Ramírez, se señala que en la decisión tomada en la audiencia del 14 de septiembre nunca se hizo mención el lugar de reclusión y solamente se dijo que debía ser a un centro de reclusión especial dispuesto para servidores públicos.

El jurista insistió en que actualmente en la cárcel La Picota se encuentran recluidos varios agentes de la Policía investigados por estos mismos hechos. Esto podría generar malos entendidos e incluso sembrar dudas sobre el coronel Núñez.

“(...) podría conllevar a que la Fiscalía General de la Nación, e incluso los apoderados de las víctimas, argumenten en un futuro que mi mandante señor Núñez Jaramillo está obstruyendo la administración de justicia”. Por esto pidió que sea trasladado a dos guarniciones militares que cumplen con todas las condiciones: la Escuela de Caraiberos de la Policía, ubicada en el centro de Bogotá, o la Escuela de Policía Nacional Miguel Antonio Lleras Pizarro, en el occidente de la capital de la República.

Los jóvenes, identificados como Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, fueron retenidos por la Policía en el punto conocido como La Garita, en el municipio de Chochó, más precisamente en una intersección que comunica tres municipios en el departamento de Sucre, tras acusarlos de ser parte de la banda criminal del Clan del Golfo que había ejecutado un plan pistola en contra de los policías en la región.

“Jóvenes que momentos antes de ser subidos a la camioneta estaban con vida; allí también se encontraban, en dicho platón de la camioneta, el teniente coronel Benjamín Núñez y otro funcionario de la Policía Nacional. Servidores todos ustedes de la Policía que en abuso de sus funciones continuaron privando de la libertad a estos tres jóvenes de manera ilegal y sin justificación alguna, que se insiste estos jóvenes subieron con vida ha dicho rodante”, señaló el fiscal.

Fue el coronel, según la Fiscalía, quien tomó la decisión de montarse en el platón de la camioneta de la Policía, donde llevaban a los jóvenes capturados, y fue el oficial quien ordenó tomar una vía alterna de camino, supuestamente, al hospital de Sincelejo y en ese trayecto asesinó a los tres jóvenes.

“Existe la prueba suficiente para demostrar que al coronel Benjamín Núñez se le respetaron todos sus derechos, se le anticipó que podría comunicarse con un abogado, que efectivamente se encontraba a su lado y que además todo lo que dijera podría usar ser usado en su contra, también los derechos que lo cobijan como persona capturada”, dijo la fiscal.

Como si fuera poco y luego de llegar al hospital con las víctimas, sin signos vitales, el coronel repuso la munición que usó, de acuerdo con el fiscal del caso, en los disparos repetidos, a quemarropa y sangre fría, contra los tres jóvenes que sometidos estaban acostados en el platón de la camioneta de la Policía.

Con todo el material probatorio recaudado, el mismo que sirvió para imponer una medida de aseguramiento contra otros diez uniformados procesados por la masacre en Sucre. Pese a que el coronel se declaró inocente de los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de material probatorio y privación ilegal de la libertad, anunció que buscaría un acuerdo con el ente acusador para contar la verdad.